Hace 8 años, en julio de 2000, viajé a la Argentina en los prolegómenos del estallido de esa bomba de relojería llamada paridad peso-dólar, que llevó al famoso corralito.
Tuve la oportunidad de pasar unos días en una ciudad de la provincia norteña de Jujuy, y mi cicerone trabajaba en una pequeña emisora local que se mantenía gracias a la publicidad de los comerciantes del lugar.
Así, todas las tardes, tras terminar su programa, agarraba su auto y me llevaba de calle en calle, parando en cada comercio para pedir el dinero que le debían en concepto de publicidad radiofónica. También conocí a un zapatero, que esperaba a que un policía le pagara unas botas que le hizo a medida. El comercio, en general, esperaba a que los funcionarios cobraran el sueldo para poder cobrarles lo que les debían y, con ese dinero, pagar las deudas contraídas. Es decir, una parte importante del motor comercial eran los funcionarios. Cuando ellos cobraban, el dinero empezaba a circular, aunque sólo por unos días.
Cuando oigo a Pizarro y demás economistas que alertan del peligro de argentinización de la economía española, empiezo a temblar. No quisiera ni imaginar que el motor económico de este país sean los más de tres millones de funcionarios que habitan en las administraciones públicas, que la principal actividad de los comerciantes y autónomos sea ir de puerta en puerta para cobrar sus deudas y esperar, como agua de mayo, que los funcionarios cobren. ¿Es ése realmente el destino a que nos llevan las políticas sociales, económicas y autonómicas del gobierno socialista?
Antes de terminar, quisiera dar un apunte para una mejor visualización del problema argentino: A mi regreso a España, los funcionarios lograron cobrar sus remuneraciones con más de una semana de retraso.
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