Jueces cazadores, fiscales serviles

El caso Gürtel está dejando serias dudas sobre el presunto Estado de Derecho en el que vivimos, el de la tutela judicial y el derecho a defensa, y todas esas cosas que se invocan en un estado garantista que prefiere (con buen criterio) que un culpable esté en la calle a que un inocente se chupe varios años en el trullo.
El Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Carlos Carnicer (no confundir con Carnicero), ha pedido la nulidad de ciertas grabaciones entre acusado y defendido, cuando estas grabaciones sólo se pueden realizar en determinados casos, como es el caso de terrorismo o de que el abogado también esté implicado en los hechos, algo que no ocurrió cuando Francisco Correa cambió a su abogado, Manuel Delgado Solís (implicado en la trama) por otro abogado. Según el CGAE, se debe producir la nulidad del procesamiento.
Resalto el último párrafo del comunicado del comunicado del CGAE: "Por tanto, está fuera de toda duda que las intervenciones telefónicas, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad."
Ignoro si en este caso se ha cometido un error inconsciente que puede dar al traste con la instrucción de un caso de corrupción política sin precedentes en el Partido Popular. Quién sabe si ello conllevará que los chorizos salgan de rositas. También ignoro si esta garzonada le llevará a Baltasar Garzón de nuevo al banquillo (espero que sí, por el buen nombre de la Justicia), pero lo que está claro es que no sirve el todo vale para instruir, por mucha obsesión que pudiera tenerse por hacer justicia. Para lo único que ha servido esta actuación judicial ha sido para justificar ciertas declaraciones, como la de Javier Arenas, en las que se acusa a ciertas instituciones de saña contra su partido.
Por otro lado, según información de El Mundo, el fiscal pidió sacar del sumario diálogos favorables a Camps, alegando que "se refieren en exclusiva a las estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento". Esta noticia ha sido ya comentada por Soraya Sáenz de Santamaría, que acusa a Cándido Conde Pumpido, nuestro Fiscal General del Estado con la toga manchada, no de polvo o lodo del camino, sino de algo más escatológico, de manipulación en favor de los intereses del PSOE o de Teresa Fernández de la Vega. ¿Y por qué no pidieron las fiscales Miriam Segura y Concepción Sabadell que se separaran del sumario las conversaciones entre los imputados y sus abogados que, según el CGAE, son ilegales porque, entre otras cosas, se refieren a las estrategias de defensa?
Visto el alto grado de politización de la Justicia, con jueces cazadores o juezas abroncadas en mitad de un desfile militar; visto que el Fiscal General del Estado, representante de la Fiscalía, es incapaz de mantener la independencia que se ha de presuponer en esa institución (la mínima que tiene, por ejemplo, MAFO), la duda sobre quién ha de instruir los casos (especialmente los de corrupción política) queda sembrada: ¿Los jueces politizados o los fiscales serviles a los intereses del gobierno y partido de turno?
Que a estas alturas de democracia, tengamos que hacernos estas preguntas...