No es tan sorprendente que un miembro de un sindicato afín al gobierno socialista que, además, recibe cuantiosas subvenciones, mande al Gobernador del Banco de España a "su puta casa", que es lo más parecido a "la puta calle" que en su día mandase Jesús Gil y Gil a un periodista. Y no es sorprendente cuando el gobernador defiende unas medidas y reformas que harían peligrar el reciente adquirido status de sindicato de los parados y de los que van a acabar en el paro.
Tampoco es sorprendente que, a pesar de la formación (no digo títulos) que se le debe presuponer al Secretario General de la UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, éste crea que los puestos nombrados por el Gobierno, tal y como dicta la Constitución Española, para gobernar, presidir o formar instituciones del Estado, han de estar al servicio del este mismo gobierno o al partido al que pertenecen sus miembros.
Lo sorprendente es que lo diga con la total tranquilidad con la que Rubalcaba afirma lo contrario. José Ricardo Martínez desnuda con sus palabras la realidad de las cosas: "Una persona que ha sido como mínimo propuesta, no se muy bien como ha sido el itinerario legal para nombrar al gobernador del Banco de España, pero desde luego tiene que ver con el Gobierno y el Gobierno no está defendiendo la reforma laboral. Por lo tanto si alguien tiene que ver con el Gobierno y contradice las posiciones de quien le ha propuesto, pues lógicamente tiene que irse porque no comparte lo que dicen aquellos a los que se debe de una u otra manera".
La izquierda española nunca creyó en la separación de poderes ni en la independencia de los órganos e instituciones. La partitocracia terminó con el sueño de Montesquieu y Alfonso Guerra sólo certificó su muerte.
UGT no es más que esa parte de la izquierda que, a base de subvenciones, de tener algo que ver con el Gobierno, le hace la vida más llevadera a Z., a su inoperante gobierno socialista y a la política económica que pretende una tasa de desempleo del 20%. UGT no se ha convertido más que en un nido de liberados que no añoran en absoluto la vuelta al tajo, que prefieren ver cómo las empresas o las instituciones públicas que les mantienen se arruinan, a defender unas reformas que permitan salvar los empleos de esas empresas y no llevar a más trabajadores a las listas del INEM.
Se lo deben al Gobierno con el que tienen tanto que ver.
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