Siguiendo el manual del buen nacionalista, se ha decidido que antes de elegir un cargo público, por ejemplo senador (o senadora), ha de someterse al aspirante a una especie de examen para comprobar su grado de compromiso con la causa de la comunidad que corresponda.
Así, en Cataluña se obligaría a que un aspirante a senador contestara a una serie de preguntas para conocer su compromiso "en la defensa de los intereses de la Comunitat, las señas de identidad, la lengua, [...], a su historia y a sus derechos constitucionales y estatutarios". Es decir, se le preguntaría por su opinión por la imposición del catalán en todos los ámbitos de la vida pública, en la educación, sanidad, etc., por las multas en contra del uso del castellano en los rótulos comerciales, por su opinión sobre la bandera independentista, por la constitucionalidad de los artículos más calientes del Estatut, sobre el CAC y Jiménez Losantos...
En Euskadi, más de lo mismo: Se preguntaría si siente en lo más profundo de su corazón el Día de la Patria Vasca, si está a favor de que se financie a los familiares de los asesinos etarras para que vayan a visitarlos a la cárcel, su grado de conocimiento del euskara, sobre las provincias de Euskal Herria, su opinión sobre España...
Esta idea, más propia de Carod Rovira o de Urkullu, quiere implementarse en la política autonómica, y ¿qué hace el Partido Popular? ¿Dónde está Rajoy, Cospedal o Soraya? ¿Quién va a decir algo sobre este atropello democrático?
Pues el PP está silente, en contraste con la indignación de los socialistas. Claro que (oooops...) el examen para senadora no es de catalanidad ni de euskaldinidad, ni siquiera de galleguinidad, es de valencianidad, y está propuesto por el Partido Popular, enrocado ya en una postura tan rocambolesca como ridícula de veto a Leire Pajín que, de haberse ideado en los calderos nacionalistas vasco o catalán, hubieran puesto de punta hasta el último pelo de la barba de Rajoy, quien está encantado de vacaciones y tomando tila en cualquier chiringuito, esté donde esté.
Así, en Cataluña se obligaría a que un aspirante a senador contestara a una serie de preguntas para conocer su compromiso "en la defensa de los intereses de la Comunitat, las señas de identidad, la lengua, [...], a su historia y a sus derechos constitucionales y estatutarios". Es decir, se le preguntaría por su opinión por la imposición del catalán en todos los ámbitos de la vida pública, en la educación, sanidad, etc., por las multas en contra del uso del castellano en los rótulos comerciales, por su opinión sobre la bandera independentista, por la constitucionalidad de los artículos más calientes del Estatut, sobre el CAC y Jiménez Losantos...
En Euskadi, más de lo mismo: Se preguntaría si siente en lo más profundo de su corazón el Día de la Patria Vasca, si está a favor de que se financie a los familiares de los asesinos etarras para que vayan a visitarlos a la cárcel, su grado de conocimiento del euskara, sobre las provincias de Euskal Herria, su opinión sobre España...
Esta idea, más propia de Carod Rovira o de Urkullu, quiere implementarse en la política autonómica, y ¿qué hace el Partido Popular? ¿Dónde está Rajoy, Cospedal o Soraya? ¿Quién va a decir algo sobre este atropello democrático?
Pues el PP está silente, en contraste con la indignación de los socialistas. Claro que (oooops...) el examen para senadora no es de catalanidad ni de euskaldinidad, ni siquiera de galleguinidad, es de valencianidad, y está propuesto por el Partido Popular, enrocado ya en una postura tan rocambolesca como ridícula de veto a Leire Pajín que, de haberse ideado en los calderos nacionalistas vasco o catalán, hubieran puesto de punta hasta el último pelo de la barba de Rajoy, quien está encantado de vacaciones y tomando tila en cualquier chiringuito, esté donde esté.
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