Montesquieu sigue muerto

A raíz de la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional de revocar el procesamiento de los tres miembros de la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba por el Caso Faisán, no han tardado desde el socialismo la exigencia de disculpas al Partido Popular, en especial la directora de la campaña rubalcabiana Elena Valenciano. 

En primer lugar, no es verdad que, como desde la factoría nos quieren hacer creer, que haya un adiós al vergonzoso hecho de un chivatazo a una banda terrorista, que los hechos no ocurrieron, que el delito no se produjo. Por tanto, sigue existiendo un delito al que el Pleno de la Audiencia Nacional exige más investigación para clarificar a quiénes juzgar. En resumen: existió un chivatazo a los terroristas, el cual aún no ha sido esclarecido (según la AN), a pesar de que tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mejor preparadas para la lucha contra el terrorismo, especialmente el etarra.

Por otro lado, no crean que deban ser los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, quienes empiecen a exigir disculpas o a exigir responsabilidades por cada resolución judicial que salga a la luz. Que el PSOE y el PP se tiren piedras, se feliciten a sí mismos cuando las resoluciones son favorables o que recurran a la manida frase "nosotros respetamos las decisiones de los jueces", cuando han sido unos quienes mataron a Montesquieu y otros quienes lo enterraron, no deja de ser una burla y un intento de engaño permanente al ciudadano.

Podemos ver a Alfredo Pérez Rubalcaba hacer propuestas encaminadas a satisfacer en cierta medida a los indignados, y sin embargo, no le hemos oído palabra sobre la propuesta de Independencia del Poder Judicial del 15-M. No espero de Rubalcaba, uno de los mayores fontaneros del socialismo español, que proponga retornar al sistema de elección del CGPJ anterior a la modificación de la Ley por parte de Felipe González y satisfacer así a los indignados. Tampoco lo espero de Mariano Rajoy, por mucha regeneración democrática que pueda prometer.

Montesquieu sigue muerto, enterrado en cal viva y no veo disposición en resucitarlo. Mientras tanto, que no vengan con eso del respeto a la Justicia, que no me lo creo.

¿Algún líder que se ofrezca a defender el Estado de Derecho?

Cuando se acercan elecciones (por tanto, reparto de aspiraciones políticas, de poder, de asignaciones económicas, si puede ser de una pensión vitalicia y, en resumen, fuentes de financiación tanto personales como de partido), los políticos suelen decir y hacer muchas tonterías que no harían en otro momento de su vida o si esa no fuese su vida.

Pero al punto que hemos llegado en esta campaña, y eso que no ha empezado oficialmente, no sólo se han dicho y hecho muchas tonterías (de momento gana el "porque es muy listo"), sino que en ese empeño por destacar uno pasa de las tonterías a desafiar al Estado de Derecho en sí mismo, a la Democracia. Todo esto lo hemos visto con los ataques y las llamadas a la desobediencia a los tribunales a cuenta de si el castellano debe ser también lengua vehicular en las escuelas catalanas. 

No voy a poner aquí ni opinar sobre las lamentables (por decir algo suave) declaraciones de ciertos políticos atacando a los jueces que cumplen y hacen cumplir la Constitución y sus Leyes; no voy a poner aquí ni opinar sobre las proposiciones de quienes aspiran a gobernar para cercenar y amputar nuestro Estado de Derecho; ni voy a poner aquí ni opinar sobre las declaraciones que quitan hierro al asunto, algo que no me sorprende, dicho sea de paso, de quien ha hecho de su silencio su forma de regir.

Así, donde unos jueces y magistrados, donde los más altos tribunales del Estado ordenan que se cumpla la Ley, donde debería demostrarse que vivimos en un Estado de Derecho, en una Democracia, nuestra clase política se permite el insulto, la falta de respeto, el desafío e incluso la amenaza velada a los propios pilares de una Democracia. 

Seamos claros. Una desobediencia a un Tribunal sale prácticamente gratis, y el rédito político, especialmente en el nacionalismo, es mucho mayor que la pena a pagar: Las leyes de nuestro país no poseen el suficiente carácter coercitivo que debería proteger nuestro Estado de Derecho y las garantías de una democracia. Pero, además, no tenemos ahora ningún líder que diga alto y claro que va a defender el Estado de Derecho y el cumplimiento efectivo de las Leyes, que es lo que me hubiera gustado escuchar de Alfredo Pérez (Rubalcaba) y de Mariano Rajoy.

El verdadero debate no aflora del victimismo.

Son muchos los ríos de tinta (si no mares) que corren acerca del ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que la lengua española, junto a la catalana, sea lengua vehicular en la educación de esa Comunidad Autónoma. Ríos de tinta que han devenido de la particular visión que tiene el nacionalismo catalán de hacer política: desde el victimismo. Ese victimismo que pervierte el debate para inventar que todo esto es un ataque a una lengua que es tan propia de Cataluña como el español.

Y no, no se trata de un ataque al catalán. Y mucho menos a la identidad catalana, confundida muchas veces con la identidad del ideario nacionalista catalán. Se trata de cumplir y hacer cumplir la sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, algo que entra dentro de esas reglas de lo que llamamos Estado de Derecho. 

Desde la política nacionalista, con la colaboración socialista y de su gobierno, se ha intentado marginar las sentencias y los autos judiciales como se han marginado a los castellanohablantes en la educación catalana, algo que el propio TSJC ha tenido que rectificar; a pesar de que, posiblemente, cualquier ciudadano de un país civilizado y con una democracia ya enraizada en los pilares del Estado de Derecho, se sonrojaría al oír las palabras llamando a la insumisión y el no cumplimiento de las sentencias judiciales, aquí en España y especialmente en Cataluña. Aquí ya no sorprenden, principalmente por una razón especial: porque hasta ahora han salido gratis.

Triste país donde unos políticos se aprovechan y exprimen las leyes amparadas en la Constitución y  reclaman y llaman al amparo de estas mismas leyes y de la Constitución en la defensa de sus intereses, pero que se manifiestan y llaman a la insumisión de las sentencias judiciales, que no son más que la defensa de esas mismas leyes y de la Constitución que bien están sólo cuando sirven a sus intereses. Pero más triste es aún que los dos partidos mayoritarios estén por sumirse en el trágala de estos partidos para buscar su abstención (que llamarían consenso) o la aprobación de los sucesivos e irreales presupuestos generales del Estado que nos han llevado casi a la ruina.

No se trata de ataques a lenguas o supuestos identitarios. Se trata de la defensa del Estado de Derecho, algo que chirría a muchos cuando no se está acostumbrado a que alguien salga en defensa de la legalidad, del Derecho, de lo que procede. Que no se busque el siempre manido victimismo cuya bandera ondean los nacionalistas a las primeras de cambio, con sus manifestaciones y toda la parafernalia adjunta. Ese no es el debate. El debate es si queremos vivir en una democracia, en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos (incluidos jueces, gobernantes y demás) estemos bajo el imperio de la Ley, con sus derechos y sus deberes, nos gusten o no, o en la casa de tócame Roque.

Bravo por el gesto de Gaspar Llamazares

La reforma de la Constitución ha pasado un trámite más y ahora se someterá al dictamen del Senado. A pesar de la mayoría aplastante de los diputados del Partido Popular y del PSOE, lo que implica un consenso más que suficiente para levar adelante una reforma constitucional, la imagen dada por el Congreso y por los políticos de los partidos mayoritarios me ha parecido más que bochornosa.  No sin razón (y valga la cacofonía) La Razón titula: "El camarote de los hermanos Marx".

No es de recibo que en el Congreso sucediese lo que ha venido sucediendo en los momentos claves del zapaterismo que nos han llevado a la ruina y, por tanto, a reformar nuestra Carta Magna: aquellos en que unos y otros corrían por los pasillos con manojos de papeles: los certificados de venta del país y las vergonzosas contrapartidas del país a los nacionalistas; esas que, de todos modos, no saciaban la codicia de los independentistas pero que permitían aprobar unos presupuestos generales totalmente irreales como ilusorios, a la par que catastróficos.

Si bien apoyo la reforma de la Constitución, aunque quizás sólo sea una reforma de cara al escaparate, como ya dije anteriormente, las cosas se deberían haber hecho de otro modo y no de la noche a la mañana. No creo que los padres de la Constitución, cuando diseñaron unos mecanismos tan restrictivos para su reforma, pensasen en lo que ha sucedido estos días. Pero ni cabría en su imaginación que los dos partidos mayoritarios, a los que se le supone (o debería suponer) un mínimo sentido del Estado (aunque eso acabó con Zapatero) diesen el espectáculo de hoy: corrillos para venderse y plegarse de nuevo a los intereses de los nacionalistas catalanes en vez de los intereses nacionales, y todo por una abstención.

¿Se merecía este mercadeo nuestra Constitución? Creo que no. Por una vez aplaudo el gesto del 'cuerpo' de Gaspar Llamazares ("Me he ido en espíritu con mis compañeros, y he dejado mi cuerpo para vetar las transacciones"), impidiendo que hasta en esto los dos grandes se plegasen a los intereses que, unidos a la irresponsabilidad del gobierno, tanto daño han hecho a nuestro país; todo ello en una imagen, a mi parecer, bochornosa de mercadeo en el último minuto. Una reforma de nuestra Constitución no se hace así, si no por sentido de Estado, sí por sentido de la estética.

El triste ciclo económico español

Antes de que Zapatero ganase sus segundas elecciones, mintiendo acerca del pleno empleo y de que lo de la crisis era una mentira inventada por Pizarro para meter miedo (aunque ya se perdían empleos a chorros y era penoso ver a Caldera decir que ya estábamos en recuperación porque la segunda quincena del mes se había observado una ralentización de pérdida de empleo), era de la creencia firme que las reformas que Zapatero era incapaz de imponer para aguantar de la mejor forma posible la crisis, tendría que imponerlas el Partido Popular cuando ganase.

Así sucedió cuando Aznar llegó a la Moncloa herendando el erial de Felipe González: tuvo que tomar las riendas de la economía y aplicar medidas drásticas, tales como la congelación del salario de los funcionarios y que, tras su descongelación los funciorios públicos no hayan hecho más que perder poder adquisitivo a lo largo de los años. Y otras reformas, como la laboral, dinamitada entonces por los sindicatos.

Es lo que pasa ahora y lo que va a pasar a partir de enero si, tal y como parece, Rajoy pase a ventilar las habitaciones del palacio que ocupa ZP, aunque  algunas comunidades gobernadas por el PP no se den por enteradas.

Sin embargo, eso cambió cuando Zapatero, aunque diciendo que estábamos en crisis pero ignorándola, tuvo que doblar la rodilla ante la realidad (llámese Merkel u Obama) y hacer justo lo contrario de lo que predicaba o, peor aún para su ego, hacer justo lo que anteriormente echaba en cara al contrario y de lo que se mofaba. Tal es el caso de que, machaconamente en cualquier debate en en Congreso, Zapatero le espetaba las diferencias entre el gobierno del PP de Aznar y el suyo, concretamente a cuenta del famoso decretazo congelador de los sueldos de los funcionarios. Y en mayo de 2010 Zapatero, cabizbajo, no sólo congelaba de nuevo los salarios públicos: los rebajaba un 5% de media, además de otros tantos recortes sociales.

Ahora, después de que Trichet diese un toque a Zapatero igual que mandó una carta a Berlusconi, se va a acometer una reforma de la Constitución por le vía rápida para limitar el déficit, reforma que fue recibida con sorna cuando la propuso el Partido Popular en año pasado. Las consecuencias de mantener siempre al Partido Popular marginado aduciendo que siempre está contra las medidas (inútiles) del gobierno para afrontar la crisis son que, cuando la aplastante realidad de las cosas lo imponen, uno tiene que humillarse,  entrar en la sede genovesa y reformar la Constitución aprisa y corriendo. ¿Acaso no hubiera sido mejor afrontar la necesaria reforma hace un año con sus trámites, sus debates, buscando mayores consensos y con su referéndum (no necesario)? ¿No habría tenido así nuestro país una mayor imagen de soberanía y normalidad democrática y no tener que pasar la vergüenza de que nuestra Carta Magna se reforma chapuceramente por orden de un francés?

¡Claro que hubiera sido mejor un referéndum! Pero ni los dictatoriales mercados nos dejan (o sea, la lógica de los hechos) ni los tiempos marcados lo permiten. Y la responsabilidad impide el gozo de ver a un incómodo Rubalcaba predicar lo contrario de lo que piensa y a un partido defender lo contrario de lo que ha hecho a lo largo del gobierno socialista con Zapatero a la cabeza en la campaña del referéndum.

A pesar de todo, el triste ciclo económico español no acabará hasta el día en que Rajoy jure o prometa el cargo de Presidente de Gobierno y nombre a sus ministros, no comience a aplicar las duras medidas económicas necesarias que no pasan precisamente por un recorte mayor a los salarios públicos y a los derechos sociales, sino por una eliminación radical del derroche, de gastos inútiles y de subvenciones que sólo se explican desde el servilismo, y por una apuesta por la eficiencia en toda la administración pública.

Lo malo, si no lo peor, es que el ciclo se repetirá cuando gobierne de nuevo el PSOE, sin las lecciones aprendidas y con la búsqueda del poder por el poder como único objetivo.

Cubierto de gloria

Gracias al blog de Natalia Pastor, me enteré de la noticia, ya conocida por todos, de la discusión que mantuvo S.A.R. el Prícipe Felipe con una joven a favor de la instauración de una república en nuestro país. Lo insólito del hecho no es que se haya producido esta discusión a favor o no de la monarquía y de los manidos debates del referéndum y todas estas cosas. Lo insólito es que este debate se haya producido entre una licenciada de Derecho (Laura Pérez) y un profesional de la monarquía, quien cae en las trampas dialécticas (simples) de aquella.

Hay varias cosas que quisiera puntualizar: En primer lugar, y creo que más importante, es que no somos súbditos de nadie en el momento en que somos soberanos. El Rey no es el soberano, la soberanía recae en el pueblo español. (Artículo 1 de la C.E. 1978). Por tanto, que entre dos licenciados en Derecho no sepan ese punto básico de nuestro ordenamiento jurídico es para sonrojarse.

Por otro lado, existe el mecanismo para convocar un referéndum para saber si queremos Monarquía o República. Pero es más, a lo que a mí respecta, considero que ese referéndum se da cada día que tenemos elecciones, pero especialmente las generales. Cada cuatro años, refrendamos nuestro sistema con nuestro voto.

La Constitución Española, y en especial en lo que respecta a la Monarquía, se puede modificar, siguiendo lo establecido en su Título X. Para que sea factible una modificación de la Constitución y que, por tanto, haya un referéndum sobre la Monarquía, es necesario un plebiscito anterior donde un partido diga en su programa que va a proponer la reforma constitucional, y que éste gane y saque adelante su proyecto (con lo cual, ya hay una primera votación en la que los ciudadanos, siéntanse súbditos o ciudadanos, ya opinan sobre el tema. Partidos como IU son claramente republicanos, y partidos republicanos hay muchos. También existe la posibilidad de votar al PSOE, partido acostumbrado a aprobar leyes que ni siquiera estaban en sus programas, como la Ley del Aborto, por lo que no sería extraño que nos saliese con alguna de éstas.

Así, cada cuatro años, yo voto a favor de la Monarquía. Porque voto a un partido (u otro) donde no tiene en su programa reformar la Constitución Española e instaurar la República. Pero que una licenciada en Derecho, que algo de Derecho Constitucional habrá estudiado en la carrera, incluso no sepa que esos mecanismos estrictos de reforma de los que hablaba S.A.R. el Príncipe Felipe se pueden saltar (y si no que le pregunten al bisabuelo del Príncipe, Alfonso XIII) es de juzgado de guardia.

¿Para cuándo se va a plantear un referéndum sobre la República? No es ni al Rey ni al Príncipe a quien hay que preguntárselo, pues ellos no tienen la capacidad legal de cuestionárselo, pues la respuesta es sencilla: Cuando decida el pueblo español. No les corresponde a ellos cuestionarse un sistema que los ciudadanos españoles nos hemos dado y nos seguimos dando con nuestro voto. La soberanía recae en el pueblo español, recordemos.

Pero yo le haría una pregunta a Laura Pérez: ¿Así, un referéndum tan simple? ¿Y por qué no un referéndum donde entren todas las formas de Estado? ¿Por qué no podemos decidir si deseamos una dictadura, una monarquía absolutista, una república islámica, una república bolivariana o una república bananera? ¿Por qué no podemos decidir si queremos una república estilo Estados Unidos o estilo México o estilo Rusia? Y también hay que contentar a Cayo Lara, líder de la tercera fuerza política de nuestro país, que estaría contento y a favor de que se incluyese la opción de una república popular de partido único al estilo cubano.

Por último, hay que aplaudir a Doña Letizia que, como buena profesional, prefirió meterse en el coche oficial antes que meterse en berenjenales. Estoy de acuerdo con Natalia Pastor: El Príncipe no tenía por qué meterse al barro. Al final, Laura Pérez ha conseguido su minuto de gloria. Don Felipe, me temo, se ha cubierto de ella.

Esto no acabará hasta que entren en la cárcel

Después de casi un año sin escribir, habiendo pasado muchísimas cosas en la política española que bien debiera haber comentado en este blog y que, por circunstancias que no voy a precisar, no he expresado, vuelvo a retomar El Ala Derecha. Con tantas razones que ha habido tras otro año de régimen zapateril, no he sentido las ganas de escribir hasta ahora. A mis escasos seguidores, mis disculpas.
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Todos los partidos políticos (todos los partidos políticos) han trabajado duramente para ganar las elecciones municipales y autonómicas. Especialmente, los gobernantes, han trabajado de manera especial para ocultar una realidad bastante cruda al ciudadano antes de que depositaran su voto en las urnas: no hay dinero, ni siquiera la calderilla. Las deudas que afrontan las administraciones autonómicas y locales son terribles, obligando a los gobernantes entrantes a imponer duros recortes y medidas que, a buen seguro, serán dolorosas.

Es lo que toca: Bajo un gobierno socialista que deja la economía hecha unos zorros, tiene que venir el Partido Popular y, obligatoriamente, imponer recetas impopulares (caldo de cultivo –por otro lado– de la demagogia de los sindicatos que criticarán sin piedad a pesar de que ellos son muy responsables de la situación actual). Aunque el Partido Popular tampoco, en la parcela que le corresponde, es ajeno a la culpa (para consuelo de la izquierda sopenista)

Se ha dejado constatado en esta crisis brutal que ésta no es sólo económica, sino también institucional. Institucional en el sentido que, mientras el Gobierno Central tiene serios problemas con Ángela Mérkel cada vez que tienen una charla sobre el déficit de España, las Comunidades Autonómicas parecen que van por libre, como si las cosas no fueran con ellos. Y los Ayuntamientos, más de lo mismo. Y, como se va a ver, las Comunidades Autonómicas y los Ayuntamientos son tanto o más responsables de la crisis como el Gobierno Central.

Mientras numerosas empresas a lo largo de toda la geografía nacional han quebrado o van a quebrar con las deudas de las administraciones públicas sin satisfacer, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, nos llegan cada día noticias de los derroches que se llevan los políticos de turno, independientemente del partido que sean. Enchufes, asesores, coches oficiales, viajes, comidas, gastos de protocolo, puestos de confianza, subvenciones a la chorrada más grande... conforman ese guiso de gasto superfluo que, con razón, enojan a los ciudadanos mientras se cierran empresas y con ellas, fuente de riqueza.

Y eso, sin contar con las administraciones como las diputaciones provinciales y otras que se inventan, (como las comarcas en Aragón), que no son más que otro pozo sin fondo para el gasto público, es decir, lo que religiosamente pagamos todos los ciudadanos. Y otro factor, no menos importante, es la corrupción política.

Ante los impagos, ya se empiezan a ver sentencias donde los alcaldes tienen que responder con su patrimonio las deudas de sus respectivos Ayuntamientos. Es un avance y, sin duda, un aviso de que las administraciones públicas no son cotos ni cortijos donde el dinero "no es de nadie" (Carmen Calvo dixit) y por tanto se puede derrochar, no sólo el dinero contante y sonante, sino también el futuro.

Ante la corrupción política, no podemos cerrar los ojos y evidenciar que es el cáncer de la democracia y un ataque a la libertad. Hay que quitar la idea de que a uno entra en política para enriquecerse o para conseguir una pensión vitalicia. Hay que recuperar la idea de política para servir al ciudadano, no de aprovecharse de él. El endurecimiento de las penas por corrupción, malversación y otros tantos delitos contra la Administración pública, donde el corrupto entre en la cárcel por una buena temporada, y la imprescriptibilidad de esos delitos (para que no se confunda como una absolución) son medidas necesarias para extirpar el tumor, para regenerar la democracia y recuperar, muy poquito a poco, la confianza en los políticos.

Todo por la Patria

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha propuesto que se cambie el lema "Todo por la Patria" por el "Todo por la Democracia", porque el lema de ahora, instaurado por orden del general Germán Gil Yuste, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 13 de enero de 1937, es franquista. Dicen que "ese 'todo' por la patria supuso la persecución y la represión de cientos de miles de ciudadanos que se vieron limitados en sus libertades, tuvieron que abandonar el país, fueron torturados, asesinados impunemente, fueron torturados, asesinados impunemente o hechos desaparecer".

Todos los lemas tienen un origen y, con el paso de los tiempos, su significado varía. Felipe González dijo descubrir la Guardia Civil, pues es un Cuerpo siempre a las órdenes de la legalidad vigente, del gobierno, sea del color que sea. Tanto el Ejército como la Guardia Civil, nuestras Fuerzas Armadas, tienen un papel asignado por la Constitución, y son garantes del orden constitucional. Defender hasta la muerte el orden constitucional, la democracia que todos nos hemos dado, ya es darlo Todo por la Patria.

Se podría discutir qué democracia es a la que hace alusión la ARMH, si la de ahora o la de la II República, aquella que permitía la persecución de los religiosos, las torturas en chekas, la quema de iglesias, y otras tantas atrocidades que llevaron a unos cuantos a sublevarse, que estallara una guerra civil y que se instaurara una atroz dictadura que duró 40 años. ¿No fueron muchas de esas barbaries de la II República cometidas en nombre de esa democracia?

La ARMH ha querido dar su toque especial en este 12 de Octubre. El lema "Todo por la Patria" no es un lema que no sea acorde con nuestros tiempos, es imperecedero, y defensor de nuestra democracia.

¿Cuál será la siguiente propuesta de la ARMH? ¿Pedir la disolución de la Legión Española por haber sido fundada por José Millán-Astray?

Jueces cazadores, fiscales serviles

El caso Gürtel está dejando serias dudas sobre el presunto Estado de Derecho en el que vivimos, el de la tutela judicial y el derecho a defensa, y todas esas cosas que se invocan en un estado garantista que prefiere (con buen criterio) que un culpable esté en la calle a que un inocente se chupe varios años en el trullo.
El Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Carlos Carnicer (no confundir con Carnicero), ha pedido la nulidad de ciertas grabaciones entre acusado y defendido, cuando estas grabaciones sólo se pueden realizar en determinados casos, como es el caso de terrorismo o de que el abogado también esté implicado en los hechos, algo que no ocurrió cuando Francisco Correa cambió a su abogado, Manuel Delgado Solís (implicado en la trama) por otro abogado. Según el CGAE, se debe producir la nulidad del procesamiento.
Resalto el último párrafo del comunicado del comunicado del CGAE: "Por tanto, está fuera de toda duda que las intervenciones telefónicas, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad."
Ignoro si en este caso se ha cometido un error inconsciente que puede dar al traste con la instrucción de un caso de corrupción política sin precedentes en el Partido Popular. Quién sabe si ello conllevará que los chorizos salgan de rositas. También ignoro si esta garzonada le llevará a Baltasar Garzón de nuevo al banquillo (espero que sí, por el buen nombre de la Justicia), pero lo que está claro es que no sirve el todo vale para instruir, por mucha obsesión que pudiera tenerse por hacer justicia. Para lo único que ha servido esta actuación judicial ha sido para justificar ciertas declaraciones, como la de Javier Arenas, en las que se acusa a ciertas instituciones de saña contra su partido.
Por otro lado, según información de El Mundo, el fiscal pidió sacar del sumario diálogos favorables a Camps, alegando que "se refieren en exclusiva a las estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento". Esta noticia ha sido ya comentada por Soraya Sáenz de Santamaría, que acusa a Cándido Conde Pumpido, nuestro Fiscal General del Estado con la toga manchada, no de polvo o lodo del camino, sino de algo más escatológico, de manipulación en favor de los intereses del PSOE o de Teresa Fernández de la Vega. ¿Y por qué no pidieron las fiscales Miriam Segura y Concepción Sabadell que se separaran del sumario las conversaciones entre los imputados y sus abogados que, según el CGAE, son ilegales porque, entre otras cosas, se refieren a las estrategias de defensa?
Visto el alto grado de politización de la Justicia, con jueces cazadores o juezas abroncadas en mitad de un desfile militar; visto que el Fiscal General del Estado, representante de la Fiscalía, es incapaz de mantener la independencia que se ha de presuponer en esa institución (la mínima que tiene, por ejemplo, MAFO), la duda sobre quién ha de instruir los casos (especialmente los de corrupción política) queda sembrada: ¿Los jueces politizados o los fiscales serviles a los intereses del gobierno y partido de turno?
Que a estas alturas de democracia, tengamos que hacernos estas preguntas...

UGT y la obediencia debida

No es tan sorprendente que un miembro de un sindicato afín al gobierno socialista que, además, recibe cuantiosas subvenciones, mande al Gobernador del Banco de España a "su puta casa", que es lo más parecido a "la puta calle" que en su día mandase Jesús Gil y Gil a un periodista. Y no es sorprendente cuando el gobernador defiende unas medidas y reformas que harían peligrar el reciente adquirido status de sindicato de los parados y de los que van a acabar en el paro.

Tampoco es sorprendente que, a pesar de la formación (no digo títulos) que se le debe presuponer al Secretario General de la UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, éste crea que los puestos nombrados por el Gobierno, tal y como dicta la Constitución Española, para gobernar, presidir o formar instituciones del Estado, han de estar al servicio del este mismo gobierno o al partido al que pertenecen sus miembros.

Lo sorprendente es que lo diga con la total tranquilidad con la que Rubalcaba afirma lo contrario. José Ricardo Martínez desnuda con sus palabras la realidad de las cosas: "Una persona que ha sido como mínimo propuesta, no se muy bien como ha sido el itinerario legal para nombrar al gobernador del Banco de España, pero desde luego tiene que ver con el Gobierno y el Gobierno no está defendiendo la reforma laboral. Por lo tanto si alguien tiene que ver con el Gobierno y contradice las posiciones de quien le ha propuesto, pues lógicamente tiene que irse porque no comparte lo que dicen aquellos a los que se debe de una u otra manera".

La izquierda española nunca creyó en la separación de poderes ni en la independencia de los órganos e instituciones. La partitocracia terminó con el sueño de Montesquieu y Alfonso Guerra sólo certificó su muerte.

UGT no es más que esa parte de la izquierda que, a base de subvenciones, de tener algo que ver con el Gobierno, le hace la vida más llevadera a Z., a su inoperante gobierno socialista y a la política económica que pretende una tasa de desempleo del 20%. UGT no se ha convertido más que en un nido de liberados que no añoran en absoluto la vuelta al tajo, que prefieren ver cómo las empresas o las instituciones públicas que les mantienen se arruinan, a defender unas reformas que permitan salvar los empleos de esas empresas y no llevar a más trabajadores a las listas del INEM.

Se lo deben al Gobierno con el que tienen tanto que ver.

En defensa de un blog socialista

"No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daré mi vida para que puedas expresarlas libremente", dijo Voltaire. Esta frase, que debería ser el fundamento de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución, es algo que en la ya podrida partitocracia carece de todo sentido para quien forme parte del sistema.

En Libertad Digital leo con asombro que el PSOE de Cádiz quiere expedientar a una docena de socialistas por una falta grave (o muy grave) por tener... un blog político. En absoluto esta noticia hace temblar a Leire Pajín, Pepiño Blanco, Elena Valenciano y cualesquiera militantes socialistas que sólo se dediquen a hacer seguidismo y a hacer loas de la política gubernamental zapateril y demonizar al PP. Pero el blog Cádiz Socialista es un blog que ha sido crítico; y el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, en expresar lo que realmente uno piensa y no lo que las pajines o los pepiños dicen que hay que decir, es un grave pecado que se paga con la expulsión del partido. Algo muy propio del socialismo real, si bien Siberia queda ya muy lejos.

El Ala Derecha ha defendido (y defenderá) la libertad de expresión, el debate, la confrontación de ideas, y el expediente abierto por el PSOE a una docena de militantes gaditanos por escribir un blog político no es más que un ataque a esta libertad fundamental y pilar básico de una democracia.

Es por ello que debemos defender a los socialistas expedientados y recordar, siempre, la célebre cita de Voltaire.

Como sea, Rubalcaba

O Rubalcaba dio un traspiés que aún no ha rectificado, o simplemente ha expuesto de manera trasparente el modo de gobernar del gobierno de Z. Como sea. El ministro del Interior dijo que "lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes".

Con el comosea, el ungüento amarillo del gobierno de Z. (porque sirve para todo) se ha cargado la división de poderes (si bien la defunción de Montesquieu ya la firmó Alfonso Guerra muchos años antes) y la labor que constitucionalmente tienen asignadas. Especialmente hablo del Tribunal Constitucional.

Sí, el TC sí que puede negar la decisión de un Parlamento, sea el Nacional o cualquier autonómico, como es el caso de Cataluña. Y sí puede hacerlo porque de no existir esa garantía que desde los partidos políticos (todos) se pretende controlar (pues politizado ya está), tranquilamente estaríamos hablando que el famoso artículo de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la ley Corcuera o de la patada en la puerta, estaría en vigor, ante la imposibilidad del TC de negar una decisión parlamentaria y cualquiera que se le ocurriese a este gobierno.

Lo que no me gusta de las palabras de Rubalcaba es el lenguaje que utiliza. No dice "el Tribunal Constitucional", dice directamente "España", como si España fuese un ente totalmente ajeno al Parlamento catalán y a Cataluña misma. ¿Podría Es-pa-ña negar una decisión parlamentaria autonómica que declarara la independencia de esa comunidad autonómica? Según Rubalcaba, cualquier decisión parlamentaria ha de quedar libre de cualquier control constitucional, por lo que la independencia de esa comunidad autonómica sería efectiva.

¿Y acaso Es-pa-ña no está formada también por el Congreso de los Diputados donde el Estatut fue retocado (aunque en realidad se retocó en una sala de la Moncloa) ¿Acaso esos retoques no eran la negación a una decisión del parlamento catalán?

Pero hay algo más estremecedor: ¿Y si el Parlamento Español decidiese el gobierno vitalicio de Zapatero y la imposición de un régimen socialista bolivariano? Quién sería España para negar esa decisión, según Rubalcaba?

De escandalazo a bochorno democrático

Ya dije en una entrada anterior que, de confirmarse las acusaciones de espionaje político, de teléfonos pinchados, nos encontraríamos ante el final del constitucionalismo español, nada menos. Pero a día de hoy, hemos pasado de un escándalo, no sólo político sino democrático, a uno de esos bochornos a los que nos tiene acostumbrados la política, quizás para que no nos olvidemos de las miserias (y los miserables) que la conforman.

No se sabe a qué espera el Partido Popular para aportar las pruebas que hayan de convencer a los tribunales que, efectivamente, existen teléfonos pinchados, que del Watergate hemos pasado al Rubalcabagate. (¿Quizás a que pase el verano y volver al prime-time del diario de sesiones?) Porque no sirve (Sr. Montoro) que sea el Gobierno el que tenga que demostrar su inocencia. No se puede juzgar ni condenar por las apariencias; no porque el ministro del Interior haya sido el portavoz del gobierno de los GAL, o porque la vicepresidenta haya sido secretaria de estado cuando estallaron los escándalos de las escuchas ilegales del CSID y el "caso Roldán" y, con ello, pueda haber una opinión preconcebida de que este gobierno, formado con ministros de la etapa de González, vaya a cometer las mismas tropelías que en la etapa del señor X.

Los delitos (y las escuchas ilegales son delitos) se juzgan y condenan con pruebas, que el PP debería haber aportado ya a la Justicia. Los múltiples cruces de declaraciones desde uno y otro bando del espectro político español no hacen más que abochornar al ciudadano ante un espectáculo por el que nadie hubiera pagado la entrada ni nadie hubiera acudido a ver.

Lo peor no es pagar por este bochorno democrático con nuestros impuestos, es que lo hemos votado.

Democracia pinchada

Ahora que parece que el caso Camps ya no ocupa las páginas de la crónica (amarilla) política, resulta que no vamos a poder descansar en este agosto del podrido espectáculo al que ya nos tienen acostumbrados los miembros de la clase peor valorada en este país. Pero lo peor no es el espectáculo en sí, es que si lo que Maria Dolores de Cospedal dice es verdad, entonces estaremos asistiendo, en realidad, al final mismo del constitucionalismo español. Así de simple.

Ya hemos visto que lo que debería ser un poder independiente, el Judicial, está dividido, no en lo que unos llaman sectores conservador y progresista, sino en los que están al servicio de una u otra facción política. Porque lo que sucede en el Tribunal Constitucional o en el CGPJ convierte el escándalo en que ha convertido Enric Sopena la amistad de un juez del T.S.J. de Valencia con Camps en un vodevil de un mal teatrillo. (Y no voy a hablar de Garzón...) Un pilar tan básico como es la independencia judicial cojea llamativamente y, lo que es peor, sin ruborizarse.

Pero lo de loz teléfonos pinchados a miembros de la oposición (sin autorización judicial, ha de entenderse), de ser cierto, sobrepasaría la línea que marcó el GAL en la historia de la democracia española. Porque ya no se trata de hacer auténticas chapuzas para actuar contra una banda terrorista, es que se trata de espiar a un partido político de la oposición con quién sabe qué fines. ¿Podría establecerse una semejanza Nixon-Zapatero? ¿Del Watergate pasaríamos al Cospedalgate?

González Pons, según crónica de Libertad Digital, plantea llevar el tema de los teléfonos pinchados a la Cámara Europea, que debe ser una institución cuyos eurodiputados deben tener un poco más de noción de lo que es una democracia (en vez de esta cada vez más apestosa partitocracia). Yo le recomendaría, ya que hay alguien dispuesto a eso, que lleve también el tema de las filtraciones de los sumarios secretos, de declaraciones, de conversaciones pinchadas (legalmente) pero que no dejan de ser privadas, y de que haya políticos que realicen esas conversaciones y de que sean protagonistas de esos actos que se investigan.

Signos todos inequívocos de que nuestra democracia se encuentra, realmente, pinchada.

Valencianidad... lo que faltaba

Siguiendo el manual del buen nacionalista, se ha decidido que antes de elegir un cargo público, por ejemplo senador (o senadora), ha de someterse al aspirante a una especie de examen para comprobar su grado de compromiso con la causa de la comunidad que corresponda.
Así, en Cataluña se obligaría a que un aspirante a senador contestara a una serie de preguntas para conocer su compromiso "en la defensa de los intereses de la Comunitat, las señas de identidad, la lengua, [...], a su historia y a sus derechos constitucionales y estatutarios". Es decir, se le preguntaría por su opinión por la imposición del catalán en todos los ámbitos de la vida pública, en la educación, sanidad, etc., por las multas en contra del uso del castellano en los rótulos comerciales, por su opinión sobre la bandera independentista, por la constitucionalidad de los artículos más calientes del Estatut, sobre el CAC y Jiménez Losantos...
En Euskadi, más de lo mismo: Se preguntaría si siente en lo más profundo de su corazón el Día de la Patria Vasca, si está a favor de que se financie a los familiares de los asesinos etarras para que vayan a visitarlos a la cárcel, su grado de conocimiento del euskara, sobre las provincias de Euskal Herria, su opinión sobre España...
Esta idea, más propia de Carod Rovira o de Urkullu, quiere implementarse en la política autonómica, y ¿qué hace el Partido Popular? ¿Dónde está Rajoy, Cospedal o Soraya? ¿Quién va a decir algo sobre este atropello democrático?
Pues el PP está silente, en contraste con la indignación de los socialistas. Claro que (oooops...) el examen para senadora no es de catalanidad ni de euskaldinidad, ni siquiera de galleguinidad, es de valencianidad, y está propuesto por el Partido Popular, enrocado ya en una postura tan rocambolesca como ridícula de veto a Leire Pajín que, de haberse ideado en los calderos nacionalistas vasco o catalán, hubieran puesto de punta hasta el último pelo de la barba de Rajoy, quien está encantado de vacaciones y tomando tila en cualquier chiringuito, esté donde esté.

Apropiaciones y complejos por la bandera española

Desde las multitudinarias manifestaciones promovidas por la derecha española, la izquierda ha venido acusando de apropiación indebida de los símbolos nacionales, himno y bandera, como si sólo la bandera republicana y las autonómicas (las que sale habitualmente tras las pancartas socialcomunistas) tuviera el derecho de ser usada en las manifestaciones públicas.

Desde que sociológicamente en este país, gracias a los nacionalismos, todo quien llevase una bandera española es considerado un facha, sacar la bandera española fuera de las celebraciones por los logros deportivos de la selección española ha sido casi tabú. Un símbolo de los valores constitucionales y que es común a todos los españoles se convirtió en ese trapo que se exhibe en edificios oficiales, como si fuese un proscrito.

Pero hay gente, y cada vez más, que le gusta de exhibir la bandera española, como hacen los estadounidenses con la suya, o los nacionalistas con la senyera o la bandera del PNV, no con motivo de ese imaginario fascismo, sino con orgullo de sentirse español y de vivir en España. Recuérdese a Regina Otaola. Es orgullo y no apropiación.

Todo viene a cuento porque esta izquierda acomplejada de exhibir con orgullo los símbolos que nos unen, ha dado una muestra más su grandísimo complejo. Véase esta foto de El Mundo.

¿Ve alguno la bandera española? No. Y no es que estuviera oculta tras esa gran bandera del PNV, es que no estaba. Así todos podemos hacernos una gran idea de los complejos que tienen los socialistas, especialmente los vascos (y catalanes), quizás contaminados por los nacionalismos con los que pacta, o quizás esta foto en particular sea un un guiño indiciario de con quién preferiría gobernar Patxi López antes que con el apoyo del PP.

Entre la grandeza y la mezquindad

No hay duda de que tras los resultados de las elecciones en el País Vasco se abre una etapa de negociaciones en que se va a demostrar la altura de miras de Patxi López y la asunción de la gran responsabilidad que supone liderar, como lehendakari, un bloque constitucionalista que devuelva a la normalidad democrática a Euskadi o, por el contrario, puede demostrar su mezquindad política (recuérdese el trato a Mariano Rajoy frente a la capilla ardiente de Isaías Carrasco) queriendo llegar al gobierno vasco como sea.

Se abre una etapa de ilusión en que todos los demócratas que creemos en España y en los valores que nos ofrece la Constitución, independientemente de nuestra ideología, deseamos que tanto López, Basagoiti y Díez lleguen a ese entendimiento tan necesario para el cambio en Euskadi.

No debe ser el objetivo de Patxi López la lehendakaritza, sino el cambio. Pronto veremos cual de las dos cosas persigue López: la gran responsabilidad del cambio democrático o la miserable ambición de ser mero sucesor de Ibarretxe.

Il·lusionisme

El Partido Popular Obamista de Cataluña ha votado en contra, junto con el tripartito socialnacionalista que gobierna la Generalitat, de la enmienda que Ciudadanos había presentado en contra de la Ley que suprime el Defensor del Pueblo en Cataluña.

Frente a la coherencia que debería regir en un partido que se dice de carácter nacional y que defiende los intereses de la Nación y el Estado de Derecho (y bla bla bla), Alicia Sánchez Camacho da su apoyo al proyecto de Ley del Síndic de Greuges, que desarrolla un artículo del Estatut que el Partido Popular ¡recurrió al Tribunal Constitucional!

Sin entrar a valorar la inconstitucionalidad del artículo 78 del Estatut, es acertada la valoración que Albert Rivera ha tenido en el debate parlamentario sobre la posición del Partido Popular de Cataluña: "(...) tienen razón con el recurso al Tribunal Constitucional, en este tema. No entiendo que recurran el artículo del Estatuto y apoyen su desarrollo en el Parlamento autonómico de Cataluña".

Desde que Alicia Sánchez Camacho posó frente al póster de Obama y la palabra il·lusió, poco ha tardado en mostrar el engaño. No es il·lusió, es il·lusionisme. La magia de, por ejemplo, David Coperfield o Juan Tamariz, más vale no intentar comprenderla y quedarse maravillado del espectáculo. Frente a estos trucos chapuceros de propaganda simpática, tampoco merece la pena comprender... ¿pero comprenderán los analistas arriolistas por qué no despegan en las encuestas?

España venezolana

Cada día que pasa uno ya no sabe si vive en Venezuela, donde Chávez no quiere testigos incómodos para que su victoria no sea denunciada como el engaño que quiso perpetrar en el anterior referéndum de perpetuación, o en España, ese país que en 1978 se proclamó como un Estado Social y Democrático de Derecho y que, en estos momentos agrios del zapaterismo, esas palabras suenan más bien a un anhelo que a una realidad. Si bien el gorila rojo se reivindica como una caricatura de un Luis XIV bolivariano (l'Etat ce moi), acá en España parece que la izquierda tenebrosa quiere desvirtuar el primer artículo de nuestra Constitución.

¿Acaso este es un Estado Social, donde el Gobierno inope de Z. tiene como única solución para paliar el desempleo aumentar las ayudas a los desempleados y se permiten el lujo de rechazar de plano las medidas que ofrecen los demás sin ni siquiera tomarlas en consideración? ¿Dónde están los silentes sindicatos ante unas cifras de paro que doblan la media europea? ¿Acaso esperan a que el paro alcance las 4 millones de dramas personales, si bien eso no perjudicará los ingresos por afiliación?

Mientras, al contrario de lo que sucede en un Estado de Derecho ejemplar, el gobierno socialista (¿bolivariano?) se permite ir de caza con el juez mediático para, eso parece, hablar del placer de la caza y partirse la caja con las greguerías de Montesquieu, mientras este juez mediático ejecuta una instrucción filtrada ante un Partido Popular al que se le impide defender sus intereses y recusar al juez otrora diputado socialista.

Mientras, la prensa de izquierda ejerce contra el Partido Popular un sinéqdoque tendencioso a pocos días vista de dos elecciones autonómicas en que Rajoy se juega su credibilidad ante el electorado, ése que, para bien o para mal, no entiende de avales en blanco.

Bienvenidos al bolivarianismo (¿o mejor zapaterismo?), bienvenidos a la España venezolana.

El fracaso del modelo autonómico

A Zapatero le urge, o le debería urgir, no una reunión con los 17 presidentes de las distintas comunidades autónomas, cada uno con sus intereses particulares, sino una reunión con Mariano Rajoy para certificar el fracaso del modelo autonómico.

No creo necesario recordar quién ha sido el culpable de la situación actual, en que vemos ahora a los socialistas levantarse en armas porque Zapatero ha recibido a otro socialista en la Moncloa para, nada más y nada menos, pactar el modelo de financiación de Cataluña, y de paso, el resto. Y también los populares se han levantado en armas. Llegarán Esperanza Aguirre para recordarle a Z. que quiere su financiación en base a la población, llegará Chaves para recordar que Andalucía ha de financiarse en base a un sumatorio población-territorio; y así hasta 17 modelos diferentes con 17 intereses diferentes y con sólo un punto en común: Ninguno piensa en los intereses de España, esa Nación que en la Constitución se proclama indisolublemente unida pero que en la práctica es realmente un algo totalmente fragmentado y dividido, gracias a la improvisación zapaterista y de la nula visión de Estado de todos los demás.

Urge, pues, una reunión urgente entre Z. y Rajoy, para determinar de una vez qué se quiere hacer con España: si se quiere seguir por esta senda de fragmentación o si se quiere hacer una España realmente solidaria entre todas sus regiones sin que las obsesiones independentistas de Montilla y socios quiebren las bases del Estado y diferencien entre unos españoles y otros.

Hace falta una nueva Constitución que sea meridianamente clara y que no permita que la irresponsabilidad de uno y las ambiciones e intereses de otros permitan el desbarajuste que hay ahora mismo. Hay que ponerle coto.

Pero, desgraciadamente, hay dos graves problemas: Rajoy carece de liderazgo y Zapatero de responsabilidad para, de una vez, dar el puñetazo en la mesa y decir bien claro que así no se puede seguir.