Son muchos los ríos de tinta (si no mares) que corren acerca del ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que la lengua española, junto a la catalana, sea lengua vehicular en la educación de esa Comunidad Autónoma. Ríos de tinta que han devenido de la particular visión que tiene el nacionalismo catalán de hacer política: desde el victimismo. Ese victimismo que pervierte el debate para inventar que todo esto es un ataque a una lengua que es tan propia de Cataluña como el español.
Y no, no se trata de un ataque al catalán. Y mucho menos a la identidad catalana, confundida muchas veces con la identidad del ideario nacionalista catalán. Se trata de cumplir y hacer cumplir la sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, algo que entra dentro de esas reglas de lo que llamamos Estado de Derecho.
Desde la política nacionalista, con la colaboración socialista y de su gobierno, se ha intentado marginar las sentencias y los autos judiciales como se han marginado a los castellanohablantes en la educación catalana, algo que el propio TSJC ha tenido que rectificar; a pesar de que, posiblemente, cualquier ciudadano de un país civilizado y con una democracia ya enraizada en los pilares del Estado de Derecho, se sonrojaría al oír las palabras llamando a la insumisión y el no cumplimiento de las sentencias judiciales, aquí en España y especialmente en Cataluña. Aquí ya no sorprenden, principalmente por una razón especial: porque hasta ahora han salido gratis.
Triste país donde unos políticos se aprovechan y exprimen las leyes amparadas en la Constitución y reclaman y llaman al amparo de estas mismas leyes y de la Constitución en la defensa de sus intereses, pero que se manifiestan y llaman a la insumisión de las sentencias judiciales, que no son más que la defensa de esas mismas leyes y de la Constitución que bien están sólo cuando sirven a sus intereses. Pero más triste es aún que los dos partidos mayoritarios estén por sumirse en el trágala de estos partidos para buscar su abstención (que llamarían consenso) o la aprobación de los sucesivos e irreales presupuestos generales del Estado que nos han llevado casi a la ruina.
No se trata de ataques a lenguas o supuestos identitarios. Se trata de la defensa del Estado de Derecho, algo que chirría a muchos cuando no se está acostumbrado a que alguien salga en defensa de la legalidad, del Derecho, de lo que procede. Que no se busque el siempre manido victimismo cuya bandera ondean los nacionalistas a las primeras de cambio, con sus manifestaciones y toda la parafernalia adjunta. Ese no es el debate. El debate es si queremos vivir en una democracia, en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos (incluidos jueces, gobernantes y demás) estemos bajo el imperio de la Ley, con sus derechos y sus deberes, nos gusten o no, o en la casa de tócame Roque.
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