Antes de que Zapatero ganase sus segundas elecciones, mintiendo acerca del pleno empleo y de que lo de la crisis era una mentira inventada por Pizarro para meter miedo (aunque ya se perdían empleos a chorros y era penoso ver a Caldera decir que ya estábamos en recuperación porque la segunda quincena del mes se había observado una ralentización de pérdida de empleo), era de la creencia firme que las reformas que Zapatero era incapaz de imponer para aguantar de la mejor forma posible la crisis, tendría que imponerlas el Partido Popular cuando ganase.
Así sucedió cuando Aznar llegó a la Moncloa herendando el erial de Felipe González: tuvo que tomar las riendas de la economía y aplicar medidas drásticas, tales como la congelación del salario de los funcionarios y que, tras su descongelación los funciorios públicos no hayan hecho más que perder poder adquisitivo a lo largo de los años. Y otras reformas, como la laboral, dinamitada entonces por los sindicatos.
Es lo que pasa ahora y lo que va a pasar a partir de enero si, tal y como parece, Rajoy pase a ventilar las habitaciones del palacio que ocupa ZP, aunque algunas comunidades gobernadas por el PP no se den por enteradas.
Sin embargo, eso cambió cuando Zapatero, aunque diciendo que estábamos en crisis pero ignorándola, tuvo que doblar la rodilla ante la realidad (llámese Merkel u Obama) y hacer justo lo contrario de lo que predicaba o, peor aún para su ego, hacer justo lo que anteriormente echaba en cara al contrario y de lo que se mofaba. Tal es el caso de que, machaconamente en cualquier debate en en Congreso, Zapatero le espetaba las diferencias entre el gobierno del PP de Aznar y el suyo, concretamente a cuenta del famoso decretazo congelador de los sueldos de los funcionarios. Y en mayo de 2010 Zapatero, cabizbajo, no sólo congelaba de nuevo los salarios públicos: los rebajaba un 5% de media, además de otros tantos recortes sociales.
Ahora, después de que Trichet diese un toque a Zapatero igual que mandó una carta a Berlusconi, se va a acometer una reforma de la Constitución por le vía rápida para limitar el déficit, reforma que fue recibida con sorna cuando la propuso el Partido Popular en año pasado. Las consecuencias de mantener siempre al Partido Popular marginado aduciendo que siempre está contra las medidas (inútiles) del gobierno para afrontar la crisis son que, cuando la aplastante realidad de las cosas lo imponen, uno tiene que humillarse, entrar en la sede genovesa y reformar la Constitución aprisa y corriendo. ¿Acaso no hubiera sido mejor afrontar la necesaria reforma hace un año con sus trámites, sus debates, buscando mayores consensos y con su referéndum (no necesario)? ¿No habría tenido así nuestro país una mayor imagen de soberanía y normalidad democrática y no tener que pasar la vergüenza de que nuestra Carta Magna se reforma chapuceramente por orden de un francés?
¡Claro que hubiera sido mejor un referéndum! Pero ni los dictatoriales mercados nos dejan (o sea, la lógica de los hechos) ni los tiempos marcados lo permiten. Y la responsabilidad impide el gozo de ver a un incómodo Rubalcaba predicar lo contrario de lo que piensa y a un partido defender lo contrario de lo que ha hecho a lo largo del gobierno socialista con Zapatero a la cabeza en la campaña del referéndum.
A pesar de todo, el triste ciclo económico español no acabará hasta el día en que Rajoy jure o prometa el cargo de Presidente de Gobierno y nombre a sus ministros, no comience a aplicar las duras medidas económicas necesarias que no pasan precisamente por un recorte mayor a los salarios públicos y a los derechos sociales, sino por una eliminación radical del derroche, de gastos inútiles y de subvenciones que sólo se explican desde el servilismo, y por una apuesta por la eficiencia en toda la administración pública.
Lo malo, si no lo peor, es que el ciclo se repetirá cuando gobierne de nuevo el PSOE, sin las lecciones aprendidas y con la búsqueda del poder por el poder como único objetivo.
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