Montesquieu sigue muerto

A raíz de la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional de revocar el procesamiento de los tres miembros de la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba por el Caso Faisán, no han tardado desde el socialismo la exigencia de disculpas al Partido Popular, en especial la directora de la campaña rubalcabiana Elena Valenciano. 

En primer lugar, no es verdad que, como desde la factoría nos quieren hacer creer, que haya un adiós al vergonzoso hecho de un chivatazo a una banda terrorista, que los hechos no ocurrieron, que el delito no se produjo. Por tanto, sigue existiendo un delito al que el Pleno de la Audiencia Nacional exige más investigación para clarificar a quiénes juzgar. En resumen: existió un chivatazo a los terroristas, el cual aún no ha sido esclarecido (según la AN), a pesar de que tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mejor preparadas para la lucha contra el terrorismo, especialmente el etarra.

Por otro lado, no crean que deban ser los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, quienes empiecen a exigir disculpas o a exigir responsabilidades por cada resolución judicial que salga a la luz. Que el PSOE y el PP se tiren piedras, se feliciten a sí mismos cuando las resoluciones son favorables o que recurran a la manida frase "nosotros respetamos las decisiones de los jueces", cuando han sido unos quienes mataron a Montesquieu y otros quienes lo enterraron, no deja de ser una burla y un intento de engaño permanente al ciudadano.

Podemos ver a Alfredo Pérez Rubalcaba hacer propuestas encaminadas a satisfacer en cierta medida a los indignados, y sin embargo, no le hemos oído palabra sobre la propuesta de Independencia del Poder Judicial del 15-M. No espero de Rubalcaba, uno de los mayores fontaneros del socialismo español, que proponga retornar al sistema de elección del CGPJ anterior a la modificación de la Ley por parte de Felipe González y satisfacer así a los indignados. Tampoco lo espero de Mariano Rajoy, por mucha regeneración democrática que pueda prometer.

Montesquieu sigue muerto, enterrado en cal viva y no veo disposición en resucitarlo. Mientras tanto, que no vengan con eso del respeto a la Justicia, que no me lo creo.

La Policía, en la diana

Desde que los llamados indignados tomaron ilegalmente la Plaza del Sol y, con ella, distintas plazas de capitales españolas, amparándose en el Movimiento 15-M, todo este asunto no ha hecho más que degenerar en una acampada antisistema, degradándose el mensaje que el movimiento quisiera dar a la población convirtiéndolo en algo francamente cansino. 

Pero, gracias a la inacción de las autoridades y de políticos interesados, comenzando por Alfredo, se ha conseguido poner en la diana a las fuerzas del orden, a la Policía, a sus componentes. Hoy ha pasado en Valencia: La Policía Nacional ha tenido que actuar ante la agresión sufrida por sus componentes, consistente en lanzamiento de botellas llenas y tijeras. Eso es una agresión, un atentado en toda regla. 

Pero Rubalcaba (llamadlo Alfredo, Freddie o Rubbie, como gustéis) gracias a su forma de actuar, y los políticos interesados en atraerse hacia sí todo el movimiento 15-M por motivos partidistas (básicamente adquirir mediante el engaño el voto de los antisistema), han convertido una forma de manifestación en pacifismo. Así, tenemos que acometer y atosigar a la Policía con las manos levantadas y gritando "Estas son nuestras armas" y repartir flores a la Policía mientras por otro lado se grita "asesinos", "perros" y "Policía tortura y asesina" entre otras lindezas, son formas pacíficas de manifestación y que cualquier acción policial, aunque sólo sea mantener su área de seguridad, se convierte por el arte de la manipulación en una carga policial desproporcionada. 

Y, de ese modo, cuando desde el gobierno se les ha dado carta blanca desde el principio, aun con resoluciones declarando la ilegalidad de las concentraciones, hay quienes se permiten el asalto de supermercados y el intentar asaltar el Parlamento y el impedir que las Instituciones desarrollen con normalidad sus funciones, a pesar de que se pueda estar de acuerdo en que ciertos personajes no deberían estar ahí.

Entre el Gobierno de Rubalcaba y los antisistema está la Policía, Institución compuesta por personas que tienen que aguantar estoicamente insultos como "hijos de puta" (creo que son las únicas personas que se tienen que escuchar a diario esa expresión por el mero hecho de hacer su trabajo). Pero lo peor de todo es que tienen que aguantar que desde determinados ámbitos políticos (especialmente desde la izquierda aprovechada) y periodísticos se tilde a estos manifestantes como pacifistas, que aseguren que todas sus reivindicaciones se hacen de modo pacifista (cuando no es así) y que demonicen la lógica y proporcional acción de las fuerzas de seguridad ante las agresiones y los acometimientos, los insultos y las injurias, para ser calificada, hagan lo que hagan, como brutal y, cuanto menos, desproporcionada, poniendo siempre en duda la profesionalidad de la Institución y, peor aún, su necesidad.

Aberración franquista contra Garzón

He leído con detalle la noticia que ofrece Libertad Digital acerca del rechazo, por parte del Tribunal Supremo, del recurso presentado por Baltasar Garzón contra la causa por prevaricación que podría apartar de la carrera judicial al juez estrella.

Después me he pasado al antagonista de Libertad Digital, el panfleto dirigido por Enric Sopena, "El Plural", donde no se hace eco aparente de la noticia, si bien es defendido por el colaborador Gerardo Rivas. Éste, en su columna titulada "¿Hasta cuando seguiremos disculpando alos franquistas?" (digna de leer por su confusión del tocino con la velocidad) se pregunta en el último párrafo: "¿No resulta, desde cualquier punto de vista, una aberración que el único juez que ha pretendido investigar e instruir una causa sobre las víctimas del franquismo haya sido denunciado por prevaricación ante el Tribunal Supremo por dos asociaciones protofascistas como “Manos Limpias” y “Libertad e Independencia”, presididas, la primera, por un ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva y, la segunda, por un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga?".

La pregunta, con todo el afán, voluntario o no, del Sr. Gerardo Rivas de atacar al Tribunal Supremo o de cuestionarlo, resume en la práctica la situación de la Justicia y de cómo algunos jueces pueden parecer intocables, como el caso del hombre que veía amanecer; si bien la pregunta debería reformularse de la siguiente manera: "¿No resulta, desde cualquier punto de vista, una aberración que el juez que ha dado nombre a sus actos (garzonadas), que ÚNICAMENTE haya sido denunciado por dos asociaciones que el Sr. Rivas tilda de protofascistas?".

¿Por qué lo que a simple vista parece una prevaricación como una catedral, por mucho que a las víctimas del franquismo y progres que confunden "digna causa" con estalinismo les duela, una aberración dentro de nuestro Derecho, sólo es denunciada por dos asociaciones, sean fascistas o no?

Jueces cazadores, fiscales serviles

El caso Gürtel está dejando serias dudas sobre el presunto Estado de Derecho en el que vivimos, el de la tutela judicial y el derecho a defensa, y todas esas cosas que se invocan en un estado garantista que prefiere (con buen criterio) que un culpable esté en la calle a que un inocente se chupe varios años en el trullo.
El Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Carlos Carnicer (no confundir con Carnicero), ha pedido la nulidad de ciertas grabaciones entre acusado y defendido, cuando estas grabaciones sólo se pueden realizar en determinados casos, como es el caso de terrorismo o de que el abogado también esté implicado en los hechos, algo que no ocurrió cuando Francisco Correa cambió a su abogado, Manuel Delgado Solís (implicado en la trama) por otro abogado. Según el CGAE, se debe producir la nulidad del procesamiento.
Resalto el último párrafo del comunicado del comunicado del CGAE: "Por tanto, está fuera de toda duda que las intervenciones telefónicas, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad."
Ignoro si en este caso se ha cometido un error inconsciente que puede dar al traste con la instrucción de un caso de corrupción política sin precedentes en el Partido Popular. Quién sabe si ello conllevará que los chorizos salgan de rositas. También ignoro si esta garzonada le llevará a Baltasar Garzón de nuevo al banquillo (espero que sí, por el buen nombre de la Justicia), pero lo que está claro es que no sirve el todo vale para instruir, por mucha obsesión que pudiera tenerse por hacer justicia. Para lo único que ha servido esta actuación judicial ha sido para justificar ciertas declaraciones, como la de Javier Arenas, en las que se acusa a ciertas instituciones de saña contra su partido.
Por otro lado, según información de El Mundo, el fiscal pidió sacar del sumario diálogos favorables a Camps, alegando que "se refieren en exclusiva a las estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento". Esta noticia ha sido ya comentada por Soraya Sáenz de Santamaría, que acusa a Cándido Conde Pumpido, nuestro Fiscal General del Estado con la toga manchada, no de polvo o lodo del camino, sino de algo más escatológico, de manipulación en favor de los intereses del PSOE o de Teresa Fernández de la Vega. ¿Y por qué no pidieron las fiscales Miriam Segura y Concepción Sabadell que se separaran del sumario las conversaciones entre los imputados y sus abogados que, según el CGAE, son ilegales porque, entre otras cosas, se refieren a las estrategias de defensa?
Visto el alto grado de politización de la Justicia, con jueces cazadores o juezas abroncadas en mitad de un desfile militar; visto que el Fiscal General del Estado, representante de la Fiscalía, es incapaz de mantener la independencia que se ha de presuponer en esa institución (la mínima que tiene, por ejemplo, MAFO), la duda sobre quién ha de instruir los casos (especialmente los de corrupción política) queda sembrada: ¿Los jueces politizados o los fiscales serviles a los intereses del gobierno y partido de turno?
Que a estas alturas de democracia, tengamos que hacernos estas preguntas...

Como sea, Rubalcaba

O Rubalcaba dio un traspiés que aún no ha rectificado, o simplemente ha expuesto de manera trasparente el modo de gobernar del gobierno de Z. Como sea. El ministro del Interior dijo que "lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes".

Con el comosea, el ungüento amarillo del gobierno de Z. (porque sirve para todo) se ha cargado la división de poderes (si bien la defunción de Montesquieu ya la firmó Alfonso Guerra muchos años antes) y la labor que constitucionalmente tienen asignadas. Especialmente hablo del Tribunal Constitucional.

Sí, el TC sí que puede negar la decisión de un Parlamento, sea el Nacional o cualquier autonómico, como es el caso de Cataluña. Y sí puede hacerlo porque de no existir esa garantía que desde los partidos políticos (todos) se pretende controlar (pues politizado ya está), tranquilamente estaríamos hablando que el famoso artículo de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la ley Corcuera o de la patada en la puerta, estaría en vigor, ante la imposibilidad del TC de negar una decisión parlamentaria y cualquiera que se le ocurriese a este gobierno.

Lo que no me gusta de las palabras de Rubalcaba es el lenguaje que utiliza. No dice "el Tribunal Constitucional", dice directamente "España", como si España fuese un ente totalmente ajeno al Parlamento catalán y a Cataluña misma. ¿Podría Es-pa-ña negar una decisión parlamentaria autonómica que declarara la independencia de esa comunidad autonómica? Según Rubalcaba, cualquier decisión parlamentaria ha de quedar libre de cualquier control constitucional, por lo que la independencia de esa comunidad autonómica sería efectiva.

¿Y acaso Es-pa-ña no está formada también por el Congreso de los Diputados donde el Estatut fue retocado (aunque en realidad se retocó en una sala de la Moncloa) ¿Acaso esos retoques no eran la negación a una decisión del parlamento catalán?

Pero hay algo más estremecedor: ¿Y si el Parlamento Español decidiese el gobierno vitalicio de Zapatero y la imposición de un régimen socialista bolivariano? Quién sería España para negar esa decisión, según Rubalcaba?

De escandalazo a bochorno democrático

Ya dije en una entrada anterior que, de confirmarse las acusaciones de espionaje político, de teléfonos pinchados, nos encontraríamos ante el final del constitucionalismo español, nada menos. Pero a día de hoy, hemos pasado de un escándalo, no sólo político sino democrático, a uno de esos bochornos a los que nos tiene acostumbrados la política, quizás para que no nos olvidemos de las miserias (y los miserables) que la conforman.

No se sabe a qué espera el Partido Popular para aportar las pruebas que hayan de convencer a los tribunales que, efectivamente, existen teléfonos pinchados, que del Watergate hemos pasado al Rubalcabagate. (¿Quizás a que pase el verano y volver al prime-time del diario de sesiones?) Porque no sirve (Sr. Montoro) que sea el Gobierno el que tenga que demostrar su inocencia. No se puede juzgar ni condenar por las apariencias; no porque el ministro del Interior haya sido el portavoz del gobierno de los GAL, o porque la vicepresidenta haya sido secretaria de estado cuando estallaron los escándalos de las escuchas ilegales del CSID y el "caso Roldán" y, con ello, pueda haber una opinión preconcebida de que este gobierno, formado con ministros de la etapa de González, vaya a cometer las mismas tropelías que en la etapa del señor X.

Los delitos (y las escuchas ilegales son delitos) se juzgan y condenan con pruebas, que el PP debería haber aportado ya a la Justicia. Los múltiples cruces de declaraciones desde uno y otro bando del espectro político español no hacen más que abochornar al ciudadano ante un espectáculo por el que nadie hubiera pagado la entrada ni nadie hubiera acudido a ver.

Lo peor no es pagar por este bochorno democrático con nuestros impuestos, es que lo hemos votado.

ETA quiere dialogar

ETA ha aparecido de nuevo en Mallorca y fiel a su estilo. Con bombas. Y es que este grupo de hijosdeputa que se dicen soldados vascos (a saber: ni son soldados ni son vascos) quieren sembrar el terror en la isla donde veranea el Rey y, de paso, miles y miles de turistas dispuestos a disfrutar de los encantos de la isla.

Lo curioso del tema es que matar guardias civiles con bombas-lapa, o intentar masacrar, no sólo a los miembros de la Benemérita, sino a sus esposas e hijos (la piara quiso repetir la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza en Burgos), es una forma de reclamar diálogo. Increíble pero cierto: éste es el cínico idioma que hablan estos pistoleros.

No es hora de hacer ninguna crítica a nadie. Rubalcaba y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tiene a su mando están (supongo) haciendo esfuerzos para atrapar y anticiparse a estos malnacidos, detenerlos, ponerlos entre rejas y (¡ay, esto es pedir demasiado!) que se pudran en la cárcel.

ETA dice que va a seguir matando hasta que haya un nuevo diálogo, y no habría mayor error por parte del gobierno buenista de Z. que dialogar con los de las pistolas, pues ¿qué excusa pondrían a los españoles esta vez? (ETA quiere dialogar para conseguir un final pacífico al conflicto vasco: sólo hay que mirar los muertos que han puesto encima de la mesa)

Con ETA sólo cabe una vía: la derrota y la cadena perpetua.

Democracia pinchada

Ahora que parece que el caso Camps ya no ocupa las páginas de la crónica (amarilla) política, resulta que no vamos a poder descansar en este agosto del podrido espectáculo al que ya nos tienen acostumbrados los miembros de la clase peor valorada en este país. Pero lo peor no es el espectáculo en sí, es que si lo que Maria Dolores de Cospedal dice es verdad, entonces estaremos asistiendo, en realidad, al final mismo del constitucionalismo español. Así de simple.

Ya hemos visto que lo que debería ser un poder independiente, el Judicial, está dividido, no en lo que unos llaman sectores conservador y progresista, sino en los que están al servicio de una u otra facción política. Porque lo que sucede en el Tribunal Constitucional o en el CGPJ convierte el escándalo en que ha convertido Enric Sopena la amistad de un juez del T.S.J. de Valencia con Camps en un vodevil de un mal teatrillo. (Y no voy a hablar de Garzón...) Un pilar tan básico como es la independencia judicial cojea llamativamente y, lo que es peor, sin ruborizarse.

Pero lo de loz teléfonos pinchados a miembros de la oposición (sin autorización judicial, ha de entenderse), de ser cierto, sobrepasaría la línea que marcó el GAL en la historia de la democracia española. Porque ya no se trata de hacer auténticas chapuzas para actuar contra una banda terrorista, es que se trata de espiar a un partido político de la oposición con quién sabe qué fines. ¿Podría establecerse una semejanza Nixon-Zapatero? ¿Del Watergate pasaríamos al Cospedalgate?

González Pons, según crónica de Libertad Digital, plantea llevar el tema de los teléfonos pinchados a la Cámara Europea, que debe ser una institución cuyos eurodiputados deben tener un poco más de noción de lo que es una democracia (en vez de esta cada vez más apestosa partitocracia). Yo le recomendaría, ya que hay alguien dispuesto a eso, que lleve también el tema de las filtraciones de los sumarios secretos, de declaraciones, de conversaciones pinchadas (legalmente) pero que no dejan de ser privadas, y de que haya políticos que realicen esas conversaciones y de que sean protagonistas de esos actos que se investigan.

Signos todos inequívocos de que nuestra democracia se encuentra, realmente, pinchada.

Corrupción vs Democracia

Cada vez que veo los periódicos aparecen casos de corrupción. Me resisto a pensar que la corrupción esté tan generalizada en la vida política española que ya forma parte inherente a nuestra democracia, pero esa resistencia tiende a rendirse a la evidencia.

Y la evidencia es que no sólo existe una telaaraña andaluza, que día a día se denuncia a través de Libertad Digital, sino que parecen existir muchas telaarañas de partido, tanto a la izquierda como a la derecha.

Triste es, por ejemplo, que la abogacía del Estado, a instancia del gobierno Z., se persone en el caso Gürtel y, sin embargo, defienda a capa y espada el caso Matsa, que salpica de lleno al vicepresidente tercero Chaves y su familia, en la que también está por medio dinero público, dinero de todos.

Pero más triste es que Rajoy, que preside un partido político que en época de Aznar sabía diferenciar lo que son las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas (y que tantas veces exigió), olvida aquella etapa de la que él también formó parte para defender a Bárcenas y atar (a mi parecer de manera suicida) su destino al del tesorero del PP. El caso de Bárcenas ya está en el Tribunal Supremo y el tesorero no ha demostrado ni un ápice de responsabilidad para con el partido (mostrando su dimisión, al menos, de tesorero) y Rajoy tampoco ha mostrado la inflexibilidad presidencial que hay que tener ante un militante que, por mucho que sea de su equipo, está siendo investigado por el T.S. por un caso de corrupción que, cada día que pasa, parece más evidente y está haciendo mucho daño, no sólo al Partido Popular, sino a la derecha española.

No haría ningún daño, sino todo lo contrario, que Bárcenas estuviese en la nevera política a la espera de que se demuestre o no su culpabilidad. Por ahora, Bárcenas, con el apoyo de Rajoy, sólo parece demostrar que no sólo existe una telaraña andaluza, sino una telaraña popular con quién sabe cuántos cadáveres en armarios que mejor es que nadie sepa de ellos.

Lo preocupante del caso es que con los dos principales partidos de nuestra democracia defendiéndose de casos de corrupción y acusando al contrario de ser más corrupto todavía, en vez de adoptar una actitud beligerante de tolerancia cero a la corrupción, hacen un daño gravísimo a la democracia española y, totalmente asqueados de esta corrupta partitocracia, los españoles acaben votando una voz mesiánica que acabe, definitivamente, con la democracia que nos queda.

¿Imposible? Miren como está, por ejemplo, Venezuela.

Igualdad de trato

Me hago eco de una opinión de Pedro Zerolo en "El Plural", que lleva por título "Igualdad de trato". Si bien el artículo no deja de ser un grupo de párrafos tan laudatorios y vacíos como todos los discursos de Z., hay algunas cosas que me gustaría reseñar de las palabras del gay oficial de los socialistas (sin ánimo de ofender).

En el encabezamiento dice: "El Presidente Zapatero anunció la próxima presentación del proyecto de Ley de Igualdad de Trato. Una buena noticia para seguir trabajando por una sociedad plural, diversa, participativa, paritaria… donde todas y todos tengamos los mismos derechos y deberes. [...] Una sociedad que disponga de los instrumentos necesarios para luchar contra el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia… y cualquier otra forma de odio, discriminación o violencia que exista o pueda existir."

Y sigue: "Esta Ley [...] contendrá los instrumentos legales necesarios para combatir la discriminación y proteger a sus víctimas, [...]."

Y concluye: "Está claro que el PP apuesta por una Europa rancia y contraria a los valores que la inspiran. Valores de libertad, igualdad, justicia social y reconocimiento de la dignidad de cada una de sus mujeres y hombres. Esa es la esencia de la Europa por la que tenemos que luchar, a pesar del PP."

Mientras Pedro Zerolo celebra, alaba y tira fuegos artificiales por el anuncio de Z., el Consejo de Ministros que preside su idolatrado presidente ha indultado a José María Parramón Piella, condenado a 12 años de cárcel por la Audiencia de Barcelona (condena ratificada por el Supremo) por una agresión sexual. Una agresión de cuatro personas que, según informa "El Mundo", accedieron al tercer grado penitenciario en una decisión alucinante y recurrida por la Fiscalía, que sólo logró tumbar el tercer grado del ahora indultado.

¿Qué hace Pedro Zerolo ante esta decisión? ¿Cómo es posible que no se le revuelvan las tripas al ver que cuatro agresores sexuales están en la calle y que, además, uno de ellos haya sido indultado por su Gobierno? ¿Dónde está su opinión al respecto en "El Plural"?

¡Ah! Es que la víctima era HOMBRE, y los agresores, tres hombres y una mujer, drag-queens y gogó, aparte que uno de ellos tenía visitas de Ana García Siñeriz, presentadora (junto a Boris Izaguirre) de un programa de la televisión de Prisa, y posiblemente de Bibiana Andersen Fernández.

Igualdad de trato, dice...

Le falta la foto con Mortadelo y Filemón

Alfredo Pérez Rubalcaba implicó directamente a Mortadelo y Filemón en la trama de espionaje que afectaba a diversos cargos de la Comunidad de Madrid y que afectaba, mediáticamente, a Esperanza Aguirre. Recordemos que Rubalcaba contestó, ante la pregunta de si podría estar implicado un agente del CNI en la trama del espionaje, que también lo estaban los dos agentes de la TIA. Pero ahora se han conocido varios hechos por los que Rubalcaba no ha querido sonreír a las cámaras para hacerse la foto.

Y es que identificar a tres sospechosos de implicación en el 11-M, uno de ellos considerado autor material del atentado, y no detenerlos, no es motivo para alegrarse y salir en la foto.

A pesar de la liberación, por error, de Astrid Bushi, jefe de la banda albanesa que asaltó la mansión de José Luís Moreno, y por cuya captura el ventrílocuo y el ministro no dudaron en hacerse la foto ante toda la prensa, el ministro del Interior y el humorista no han querido, esta vez, hacerse otra foto, quizás por problemas de agenda o porque Moreno haya rehusado hacérsela, que es lo más probable.

Y otra: Una avería de la máquina de análisis del ADN impidió detener a Miguel Carcaño recién desaparecida Marta del Castillo, perdiendo un precioso tiempo para la investigación y facilitando a los autores al tiempo para preparar coartadas; y esta noticia le explota a Rubalcaba no se sabe cuánto tiempo antes de que se haga la foto con el equipo que vaya a encontrar el cadáver de la asesinada.

Me permito la duda de creer (o no) si Alfredo Pérez Rubalcaba utilizó la ironía cuando admitió la implicación de Mortadelo y Filemón en la trama de espionaje, así como ahora no dudo (o sí) de que los agentes de la TIA estén metidos también en los asuntos que he comentado anteriormente. Todo es posible.

Lo que no sé es a qué espera nuestro infalible ministro, en caso de que estos entrañables personajes de cómic hayan colaborado en estos casos que he comentado, para condecorarles con una merecidísima medalla y, de paso, hacerse la foto.

Del derecho a guardar silencio al derecho a mentir

Cuando una persona es detenida, entre los pocos derechos que tiene es el de guardar silencio y no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable... Pero no tiene derecho a mentir, y menos a pitorrearse de la Justicia, aunque eso no esté penado.

Pena es que desde la policía y el entorno judicial estén acostumbrados a los cambios de versiones, a las imputaciones farruqueñas y demás tretas de los delincuentes y criminales para sortear la pena que les puede caer por un asesinato y, según parece, violación, y todo ello lo vean dentro de la normalidad. Pero no se puede consentir es que se haya movilizado una gran cantidad de medios materiales y humanos, que pagamos todos, para buscar el cadáver de Marta del Castillo en el Guadalquivir y que, ahora, digan que lo tiraron a un contenedor de basura. ¿Cuántos millones de pesetas nos va a costar al contribuyente rebuscar entre 40 mil toneladas de basura, sumando medios materiales y humanos, sin saber aún si los presuntos mienten de nuevo?

Primero, habría que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal y castigar con la pena que corresponda por mentir a la Autoridad Judicial. Y segundo, cabe preguntarse si se puede acusar a estos individuos de estafa por los millones que estos sinvergüenzas nos han hecho pagar de nuestros impuestos para remover los lodazales del Guadalquivir, mientras ellos parecen reírse de que una familia no pueda enterrar a su hija con la dignidad que merece.

Alcaraz, Sopena y el respeto a la Justicia

No ha llovido mucho, prácticamente nada, desde que desde la izquierda se pedía respeto a la Justicia cuando el juez Baltasar Garzón instruía el caso Gürtel entre cacería y cacería. Pero en el momento que la Audiencia Nacional sobresee las actuaciones contra Francisco José Alcaraz por un posible delito de injurias contra los altos organismos de la Nación (inhibiéndose, no obstante, a favor de los juzgados de instrucción por un posible delito de injurias al presidente del gobierno), Enric Sopena se ajusta los guantes de boxeo para escribir su análisis en su folleto digital "El Plural", titulado "Inmunidad judicial para quien dice que ZP es cómplice de ETA".

Hay algunas perlas que quisiera destacar:

"Ser juez, por lo visto, no garantiza la cordura ni evita el fanatismo."

"La impronta de la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio no ha desaparecido de España. Ni la del Tribunal de Orden Público o la de los Consejos de Guerra sumarísimos".

" Esta violación ni puede ni debe quedar sin escarmiento. Para algo está el Consejo General del Poder Judicial. Si el Estado de Derecho bendice las barbaridades de un iluminado neocon como es Alcaraz –por emplear vocablos benevolentes- y castiga en cambio a un presidente ciertamente honorable como es Zapatero, apaga y vámonos. ¿Es que la derecha prefiere la selva al Estado de Derecho?"

Está visto que desde esa ultraizquierda piden respeto a la Justicia y a los jueces cuando de sus actuaciones se desprende salpicaduras al Partido Popular, pero arremeten con agrias descalificaciones e improperios cuando no se ven indicios de delito en las palabras de quien ellos llaman (hay que ver) iluminado neocon.

Lo más sorprendente, es que Enric Sopena juega al quimicefa mezclando peligrosamente a la Justicia con la derecha (excepto Garzón, claro) para más tarde preguntarse si esta derecha-justicia prefiere la selva al Estado de Derecho. Al Sr. Sopena habrá que contestarle: Pues no. Ni la derecha, por un lado, ni la Justicia, por otro, prefiere la selva al Estado de Derecho. ¿Y Enric Sopena, qué prefiere?

"Esta violación no puede ni debe quedar sin escarmiento. Para algo está el CGPJ", golpea Sopena desde el gulag mediático. Pues no. Para corregir las decisiones de los jueces y magistrados NO está el Consejo General del Poder Judicial.

Y por último, sólo una cosilla más. Serán los Juzgados de Instrucción quienes dirán si han existido injurias contra Z., la Audiencia Nacional sólo ha dicho que no hay injurias contra los altos organismos de la Nación. Pero, no obstante, hay que recordar que el Estado de Derecho no bendice, sino que ampara la libertad de expresión y la independencia judicial, incluida la libertad de expresión de Enric Sopena, a quien parece molestarle la independencia de los jueces y magistrados.

Han cazado el cervatillo, quedan los lobos

No hace falta decir que es, para todo demócrata que se precie, una satisfacción de ver a Bermejo fuera del gobierno, pero no por ello se debe bajar la alerta. La engrasada maquinaria electoral socialista, tan precisa como siempre, ya está en marcha y nos quiere vender la dimisión del cazador como un ejemplo de rectitud política de la que carece el PP, en ese uso tan estudiado que la neoprogresía hace del ventilador.

Luis Solana se proclama orgulloso de ser de izquierdas, en una columna de El Plural, a tenor de los escándalos de corrupción. Dice: "Un militante del PSOE comete un delito de cohecho y todo el Partido Socialista empieza a ser señalado como delincuente. Un militante del PP comete ese delito y en nada se contamina su partido. Todos le protegen hasta que llega la sentencia e incluso después. [...] Y ¿sabéis lo que os digo? que me siento orgulloso de pertenecer a un colectivo al cual la sociedad no le perdona posibles delitos con el dinero público. Todos en IU y en el PSOE tenemos que estar orgullosos de que no se nos perdone nada en este terreno".

Sin querer recordar quién ganó las elecciones de 1993 y quien casi las gana en 1996, a pesar de toda las corruptelas que sucedieron bajo el gobierno socialista, sí que habría que pedirle que abriera un poquito los ojos y que señalase un artículo del diario digital en el que escribe un artículo, al menos, sobre los posibles indicios de corrupción o clientelismo que se suceden en los gobiernos autonómicos socialistas, o si Enric Sopena se hizo eco de, por poner un ejemplo, de esta noticia.

Escribe Javier Valenzuela, también en el Plural: "La dimisión del ministro Bermejo es una buena noticia para los progresistas españoles. Prueba que el nivel de exigencia ética y estética en este campo es muy superior al existente en el campo conservador" (sic). Y se pregunta: "Bueno, ahora que el PP ya no tiene el pretexto Bermejo, ¿empezará la limpieza en su propia casa, rebosante de mierda por numerosos casos de espionaje, corrupción y lucha fraticida por el poder? ¿Dimitirán los presidentes de las comunidades de Madrid y Valencia y/o sus consejeros presuntamente implicados en esos asuntos? Ah, no, de eso nada. Podemos estar seguros. En el PP no dimite nadie. Peor aún, la mayoría de los votantes de la derecha no piden a los suyos que dimitan, les toleran todo, corrupciones incluidas, con tal de que se les llene la boca de ¡España, España, España! ".

La estrategia socialista es clara: Bermejo no ha dimitido porque Rajoy pidiese la hora; ha dimitido porque lo ha aconsejado la jugada. El PSOE queda limpio de toda mácula y vuelve a ser un partido íntegro éticamente hablando. Y ahora toca el asunto del PP, ese partido lleno de corruptos a los que Rajoy permite campar a sus anchas en Génova, 13 y la política española.

La alegría de Rajoy no es justificada: la aparente estrategia del PP, que se mueve tambaleando entre las portadas del gulag mediático, era de un sólo tiro. Se ha cobrado el cervatillo. Quedan los lobos.

A El Plural le da un ataque de Intercardionomía

Garzón ha sido ingresado en un hospital madrileño por un ataque de ansiedad. Me entero de da noticia en Libertad Digital ("Garzón, ingresado por una supuesta crisis de ansiedad"). En su crónica me llama la atención esta frase: [...] Personas que le conocen creen que podría acudir a este tipo de situaciones "para inspirar un sentimiento de solidaridad" y así poder "culpar a terceros de sus males".

Inmediatamente acudo a los demás titulares de los demás periódicos digitales, incluidos los de El País y Público., siendo todos similares a los de Libertad Digital.

Sólo hay uno que se encarga de ir más allá de la cuenta, de recurrir a lo tendencioso y casi a lo sectarista, cosa habitual en los titulares de "El Plural": "Garzón, ingresado de urgencia poco después de ser asaltado a preguntas por Intereconomía". Cualquiera que no sepa de la catadura de Enric Sopena y del diario digital que dirige, pensaría que los periodistas de Intereconomía son los culpables de los achaques de salud del juez Baltasar Garzón.

A Enric Sopena le ha dado un ataque de Intercardionomía en el cerebro, y a este paso El Plural se tendrá que denominar tebeo digital progresista.

España venezolana

Cada día que pasa uno ya no sabe si vive en Venezuela, donde Chávez no quiere testigos incómodos para que su victoria no sea denunciada como el engaño que quiso perpetrar en el anterior referéndum de perpetuación, o en España, ese país que en 1978 se proclamó como un Estado Social y Democrático de Derecho y que, en estos momentos agrios del zapaterismo, esas palabras suenan más bien a un anhelo que a una realidad. Si bien el gorila rojo se reivindica como una caricatura de un Luis XIV bolivariano (l'Etat ce moi), acá en España parece que la izquierda tenebrosa quiere desvirtuar el primer artículo de nuestra Constitución.

¿Acaso este es un Estado Social, donde el Gobierno inope de Z. tiene como única solución para paliar el desempleo aumentar las ayudas a los desempleados y se permiten el lujo de rechazar de plano las medidas que ofrecen los demás sin ni siquiera tomarlas en consideración? ¿Dónde están los silentes sindicatos ante unas cifras de paro que doblan la media europea? ¿Acaso esperan a que el paro alcance las 4 millones de dramas personales, si bien eso no perjudicará los ingresos por afiliación?

Mientras, al contrario de lo que sucede en un Estado de Derecho ejemplar, el gobierno socialista (¿bolivariano?) se permite ir de caza con el juez mediático para, eso parece, hablar del placer de la caza y partirse la caja con las greguerías de Montesquieu, mientras este juez mediático ejecuta una instrucción filtrada ante un Partido Popular al que se le impide defender sus intereses y recusar al juez otrora diputado socialista.

Mientras, la prensa de izquierda ejerce contra el Partido Popular un sinéqdoque tendencioso a pocos días vista de dos elecciones autonómicas en que Rajoy se juega su credibilidad ante el electorado, ése que, para bien o para mal, no entiende de avales en blanco.

Bienvenidos al bolivarianismo (¿o mejor zapaterismo?), bienvenidos a la España venezolana.

La mujer del César

Hay varias citas acerca de la mujer del César que perfectamente se podrían aplicar a las cenas y actividades cinegéticas de Garzón y Bermejo, pero a los dos se les deben haber olvidado aquellos años de Facultad en que se estudiaba el Derecho Romano. Y ahora, Bermejo y Rubalcaba pretenden echar balones fuera y señalan únicamente al PP, y que en esa cena no se habló en absoluto de la instrucción del caso de corrupción en el entorno popular, sino del placer que produce matar venados.

La reacción del Partido Popular es totalmente lógica y entendible, por mucho que desde los ministerios del gobierno socialista se consideren un ataque a las instituciones. La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo.

Bermejo, el que ha luchado contra los padres y dice que toca luchar contra los hijos, pide respeto a las instituciones y al Estado de Derecho. Por ese mismo respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, la mujer del César debe estar más allá de toda sospecha, pero ya que el ministro poeta nunca va a estar libre de sospecha, sed non casta, tamen cauta.

Bermejo debe dimitir como ministro y Garzón ser recusado de la instrucción de la presunta trama, como manera de devolver la confianza a las instituciones que representan.

Respeto a las Instituciones

Ante las acusaciones de los populares de que se utilizan las instituciones para crear una campaña de desprestigio hacia el PP, Zapatero ha exigido respeto a las Instituciones de nuestro Estado de Derecho, en concreto la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Judicial.

¿Pero quiénes faltan el respeto a dichas instituciones? No creo que sean, precisamente, los miembros del Partido Popular, sino aquellos que, desde la Fiscalía, o desde la Judicatura o desde la Policía Judicial hacen filtraciones de sumarios secretos, manchando el buen nombre de estas Instituciones de nuestro Estado de Derecho.

Si Z. exige respeto por las Instituciones, debería ya (pero ya) depurar responsabilidades a aquellos que filtran sumarios secretos a la prensa, y en lo que a él respecta, exigírselo al Fiscal General del Estado y al CGPJ. Porque hay ciertas conductas que, si bien no se pueden achacar a las Instituciones como Instituciones mismas, sí a ciertas personas al servicio de éstas que, verdaderamente, faltan el respeto y denigran el Estado de Derecho.

Y todo por un motivo poderoso: el merecido respeto a la Institución que Z. representa.

El juez no es el asesino

El juez Tirado no es el asesino de Mari Luz, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. No digo que carezca de responsabilidad y que no haya que sancionarle, pero ante la opinión pública, parece que hay quienes desean que el juez Tirado asuma responsabilidades que se escapan de su ámbito. No, el juez Tirado no es el asesino de Mari Luz ni el responsable de que Mari Luz esté muerta. Todos sabemos quién es el asesino de Mari Luz y sabemos que ya está entre rejas.

El Consejo General del Poder Judicial ha aplicado la estricta lectura de la Ley, pero el Gobierno no está contento, mientras que el padre de la criatura ha proclamado que el fallo de este órgano es una vergüenza nacional. La Fiscalía recurrirá.

La auténtica vergüenza nacional, con la comprensión que me merece Juan José Cortés, es que el juez Tirado no tuviese los medios humanos, materiales e informáticos a su alcance para poder controlar las ejecuciones judiciales. Es una vergüenza nacional que el juez Tirado, así como otros muchos jueces, soporte un volumen excesivo de trabajo motivado por la falta de jueces y juzgados. Es una vergüenza, en definitiva, que la Justicia esté como esté. Y eso depende del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas que correspondan.

Como ya advertí en un artículo (Bermejo debería plantearse la dimisión), hay más de 750.000 sentencias sin ejecutar. No sabemos cuántas de ellas corresponderán a pederastas y violadores que ahora estén libremente por la calle. Bermejo quiere suspender al juez Tirado. ¿Habrá que suspender a todos los jueces y secretarios judiciales que no hayan ejecutado dichas 750.000 sentencias?

No, el juez Tirado no es el asesino de Mari Luz Cortés, y tampoco ha de ser el chivo expiatorio de la inoperancia de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia. Sería un gran avance que, en vez de reclamar una responsabilidad al juez Tirado que corresponde al Ministro de Justicia, empezaran todos a poner los medios necesarios para tener la Justicia que los ciudadanos merecen.

Bermejo debería plantearse la dimisión

Leo en el diario digital de Antonio Casado "El Confidencial" el siguiente titular: "La Justicia no tiene remedio: ya hay más de 750.000 sentencias penales sin ejecutar".

En el mismo artículo se puede leer el siguiente párrafo: "Algunas de esas sentencias no ejecutadas provocaron una gran alarma social. Casos como el del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés a manos de un pederasta con una condena anterior que no llegó a ejecutarse; o el doble crimen de la localidad alcarreña de Alovera, en el que un sargento del Ejército sobre el que pesaba una orden de alejamiento y al que se le había retirado el permiso de armas, disparó contra su ex esposa y su actual compañero sentimental."

Ahora, si Mariano Fernández Bermejo fuese consecuente con sus propias acciones, debería sancionar a todos los secretarios judiciales a dos años de suspensión de empleo y sueldo, y el CGPJ sancionar a todos los jueces con, al menos, 1.500 euros de multa. Pero está claro que si hay más de 750.000 sentencias sin ejecutar, es por la terrible falta de medios técnicos y humanos que hay en los juzgados españoles.

Mariano Fernández Bermejo debería plantearse dos cosas: La primera que no ha de extrañarse que ante estas cifras los jueces se planteen una huelga y, segunda, su dimisión irrevocable. Creo que la Justicia Española y, por tanto, todos los españoles que dependemos de ella, se lo agradeceremos; no así el mundo literario que ve, con horror, la posibilidad de que este señor tenga más tiempo para escribir sus versos.