Cuando una persona es detenida, entre los pocos derechos que tiene es el de guardar silencio y no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable... Pero no tiene derecho a mentir, y menos a pitorrearse de la Justicia, aunque eso no esté penado.
Pena es que desde la policía y el entorno judicial estén acostumbrados a los cambios de versiones, a las imputaciones farruqueñas y demás tretas de los delincuentes y criminales para sortear la pena que les puede caer por un asesinato y, según parece, violación, y todo ello lo vean dentro de la normalidad. Pero no se puede consentir es que se haya movilizado una gran cantidad de medios materiales y humanos, que pagamos todos, para buscar el cadáver de Marta del Castillo en el Guadalquivir y que, ahora, digan que lo tiraron a un contenedor de basura. ¿Cuántos millones de pesetas nos va a costar al contribuyente rebuscar entre 40 mil toneladas de basura, sumando medios materiales y humanos, sin saber aún si los presuntos mienten de nuevo?
Primero, habría que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal y castigar con la pena que corresponda por mentir a la Autoridad Judicial. Y segundo, cabe preguntarse si se puede acusar a estos individuos de estafa por los millones que estos sinvergüenzas nos han hecho pagar de nuestros impuestos para remover los lodazales del Guadalquivir, mientras ellos parecen reírse de que una familia no pueda enterrar a su hija con la dignidad que merece.
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