miércoles, 7 de septiembre de 2011

El verdadero debate no aflora del victimismo.

Son muchos los ríos de tinta (si no mares) que corren acerca del ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que la lengua española, junto a la catalana, sea lengua vehicular en la educación de esa Comunidad Autónoma. Ríos de tinta que han devenido de la particular visión que tiene el nacionalismo catalán de hacer política: desde el victimismo. Ese victimismo que pervierte el debate para inventar que todo esto es un ataque a una lengua que es tan propia de Cataluña como el español.

Y no, no se trata de un ataque al catalán. Y mucho menos a la identidad catalana, confundida muchas veces con la identidad del ideario nacionalista catalán. Se trata de cumplir y hacer cumplir la sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, algo que entra dentro de esas reglas de lo que llamamos Estado de Derecho. 

Desde la política nacionalista, con la colaboración socialista y de su gobierno, se ha intentado marginar las sentencias y los autos judiciales como se han marginado a los castellanohablantes en la educación catalana, algo que el propio TSJC ha tenido que rectificar; a pesar de que, posiblemente, cualquier ciudadano de un país civilizado y con una democracia ya enraizada en los pilares del Estado de Derecho, se sonrojaría al oír las palabras llamando a la insumisión y el no cumplimiento de las sentencias judiciales, aquí en España y especialmente en Cataluña. Aquí ya no sorprenden, principalmente por una razón especial: porque hasta ahora han salido gratis.

Triste país donde unos políticos se aprovechan y exprimen las leyes amparadas en la Constitución y  reclaman y llaman al amparo de estas mismas leyes y de la Constitución en la defensa de sus intereses, pero que se manifiestan y llaman a la insumisión de las sentencias judiciales, que no son más que la defensa de esas mismas leyes y de la Constitución que bien están sólo cuando sirven a sus intereses. Pero más triste es aún que los dos partidos mayoritarios estén por sumirse en el trágala de estos partidos para buscar su abstención (que llamarían consenso) o la aprobación de los sucesivos e irreales presupuestos generales del Estado que nos han llevado casi a la ruina.

No se trata de ataques a lenguas o supuestos identitarios. Se trata de la defensa del Estado de Derecho, algo que chirría a muchos cuando no se está acostumbrado a que alguien salga en defensa de la legalidad, del Derecho, de lo que procede. Que no se busque el siempre manido victimismo cuya bandera ondean los nacionalistas a las primeras de cambio, con sus manifestaciones y toda la parafernalia adjunta. Ese no es el debate. El debate es si queremos vivir en una democracia, en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos (incluidos jueces, gobernantes y demás) estemos bajo el imperio de la Ley, con sus derechos y sus deberes, nos gusten o no, o en la casa de tócame Roque.